El pasado 20 de mayo, en Venezuela se celebraron las elecciones presidenciales. Según los datos del Consejo Nacional Electoral, 5,8 millones de electores apoyaron al actual Presidente del país, Nicolás Maduro; 1,8 millones de ciudadanos votaron por el candidato principal de la oposición, Henri Falcón.

Pese a la histeria atizada, las elecciones se celebraron en un ambiente tranquilo y pacífico, lo que pone de relieve un alto nivel de la responsabilidad ciudadana de los venezolanos que acudieron a los colegios electorales y su fidelidad a la manifestación de la voluntad en forma democrática.

Por desgracia, el factor externo tuvo influencia negativa en el proceso electoral. EEUU y varios otros países, también a nivel de Gobiernos, afirmaron abiertamente y oficialmente que a priori no reconocen los resultados de las elecciones. Naturalmente, esta actitud puede causar consecuencias negativas de largo alcance. Es notable que la campaña al respecto se llevó a cabo también contra los que, sin estar de acuerdo con la situación actual en Venezuela, estuvieron dispuestos a acudir a colegios electorales para mostrar sus preferencias en forma pacífica.

Se creó un precedente peligroso cuando la legitimidad del proceso electoral no sólo se pone en dependencia de la postura de observadores internacionales invitados para vigilarlo (se trata de 300 expertos provenientes de 40 países de América Latina, Asia, América del Norte, Europa y varias organizaciones internacionales), sino de la opinión de varios Estados anunciada de antemano. Consideramos que para los países de América Latina que viven a veces períodos complicados en su historia, es importante tomarlo en consideración.

No cabe duda que los llamamientos a no reconocer las elecciones buscan crear un vacío político, que podría desestabilizar seriamente la situación en el país y en torno a este. El Estado debe tener el poder, entre otras cosas, como garante de derechos económicos y sociales y demandas de la población. El camino hacia su realización en pleno volumen pasa en Venezuela a través del diálogo y reconciliación nacional.

Partimos de que esto será la tarea principal del nuevo Gobierno que se formará tras las elecciones. Además, los procesos internos y las actividades de todas las fuerzas políticas en el país deben desarrollarse a tenor de la Constitución y normas de la legislación nacional.