Acusaciones falsas formuladas por los países occidentales contra Rusia, contrastadas con numerosos ejemplos sacados de la Historia sobre motivos para agresión creados por estos países

En los últimos meses la cantidad de noticias falsas redactadas y difundidas por los medios estadounidenses y europeos ha crecido enormemente. El Occidente colectivo está filtrando de manera activa nuevas fechas del supuesto ataque de Rusia a Ucrania y esquemas inexistentes de la invasión, pasando por alto con hipocresía los sufrimientos de los habitantes de Donbás causados por el criminal régimen kievita.

Por nuestra parte desmentimos con regularidad estas declaraciones. En esta recopilación de datos aparecen reunidas las aseveraciones falsas hechas por las autoridades de los países occidentales sobre la supuesta falsificación por Rusia de motivos para la “invasión” de Ucrania, así como los numerosos ejemplos sacados de la Historia. Demuestran quiénes en realidad se dedican permanentemente a inventar motivos ficticios para argumentar actos de agresión dirigidos contra Estados extranjeros.

Declaraciones de las autoridades oficiales de EEUU, la OTAN y el Reino Unido sobre la supuesta falsificación por Rusia de motivos para la “invasión de Ucrania”

Portavoz del Pentágono, John Kirby, 14 de enero de 2022:

“Sin entrar mucho en detalles, puedo decir que disponemos de datos que indican que Rusia está trabajando de manera activa, para crear un motivo, invadir potencialmente Ucrania y adentrarse en su territorio”.

Asesor de Seguridad Nacional del Presidente de EEUU, Jake Sullivan, 14 de enero de 2022:

“Los servicios de inteligencia nacionales están procesando los datos que indican que Rusia está trabajando en crear, también vía sabotaje, un motivo para la invasión, acusando a Ucrania de estar preparando un ataque a las fuerzas rusas en el este de Ucrania”.

Secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Elizabeth Truss, 17 de febrero de 2022: 

“Las noticias sobre la supuesta anormal actividad militar de Ucrania en Donbás es un intento descarado del Gobierno ruso de crear un motivo para la invasión”.

Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, 17 de febrero de 2022:

“A modo de respuesta a esta provocación falsa los dirigentes de Rusia pueden montar un espectáculo con la convocatoria de reuniones urgentes, en las cuales será abordada esta crisis, por llamarlo de algún modo, y declarará que Rusia debe defender a los rusos o a los ciudadanos rusos”.

 De acuerdo con el Secretario de Estado, lo primero que hará Rusia será falsificar un motivo para la guerra. Blinken supone que podría hacer las veces del mismo, por ejemplo, un atentado perpetrado en el territorio ruso, un ataque ficticio con drones lanzado contra la población civil del país o un ataque ficticio o incluso un acto de sabotaje real, en el que sean usadas armas químicas. Según el diplomático estadounidense de alto rango, los medios rusos en los últimos días han empezado ya a abordar el tema de este tipo de provocaciones.

Presidente de EEUU, Joe Biden, 17 de febrero de 2022:

“Antes que nada, no han retirado sus tropas, sino enviaron más. Segundo, hay razones para suponer que se dedican a operaciones bajo otra bandera para tener de esta manera un motivo y entrar en el territorio de Ucrania. Todos los indicios de los que disponemos señalan que están dispuestos a dirigirse a Ucrania, a atacar a Ucrania”, manifestó.

Primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, 17 de febrero de 2022:

“Me gustaría darles unas noticias más agradables acerca del tema [Ucrania], pero debo decir que el panorama sigue siendo muy lúgubre. Como, como ya seguramente saben, fue atacada a tiros una guardería, lo cual, según tenemos entendido, fue un ataque ficticio [provocación] para desacreditar a los ucranianos y crear un motivo, una razón falsa para la actuación de Rusia”.

Portavoz del Departamento de Estado, 18 de febrero de 2022:

EEUU catalogan las noticias sobre evacuaciones y explosiones en Donbás como un motivo para iniciar contra Ucrania una operación “bajo otra bandera”, manifestó el viernes pasado el portavoz del Departamento de Estado de EEUU a la Agencia de Información Internacional RIA Novosti.

“Este tipo de declaraciones representan un nuevo intento de ocultar mediante mentiras y desinformación que Rusia es el verdadero agresor en este conflicto. Precisamente de esta operación bajo otra bandera alertó el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, en su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU”.

Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, 20 de febrero de 2022:

“Estamos preocupados por los intentos de Rusia de crear un motivo ficticio para un ataque armado a Ucrania”. “De momento no tenemos ninguna claridad, ninguna seguridad con respecto a las intenciones de Rusia, no sabemos qué va a ocurrir”.

Ejemplos de falsificación por los países occidentales de noticias que fueron difundidas y aprovechadas para agredir a otros Estados

Presentamos un examen breve de provocaciones llevadas a cabo, en concreto, por EEUU y el Reino Unido, que deja en evidencia las herramientas que llevan tiempos empleando los anglosajones y sus aliados. Al mismo tiempo, nos gustaría llamar su atención al detallado material “Sobre crímenes de Estado del Reino Unido” del 19 de abril de 2018.

La región de control prioritario e injerencia por parte de EEUU es, desde la proclamación en 1823 de la Doctrina Monroe, la América Latina. Es decir, durante ya 200 años EEUU intenta imponer a los países latinoamericanos los estándares de vida que considera apropiados. La región se ha convertido en un verdadero polígono, donde se estaba ensayando con las tecnologías de injerencia que posteriormente se aplicarían por todo el mundo. Los motivos más frecuentes y cínicos también usados para las invasiones hacia el sur de la frontera estadounidense son los siguientes:

1. Defensa de los ciudadanos estadounidenses, tal y como ocurrió en 1922 en el caso de Haití: “La crisis... exigió que la Marina de guerra actuara de una manera urgente y enérgica para defender las vidas y las propiedades de los estadounidenses y los extranjeros, así como restablecer el orden en este país sumido en pobreza” (extracto del discurso presentado ante el Congreso por el Secretario de Estado, Robert Lansing).
2. Deslegitimación de las autoridades de un país: estaba condicionado principalmente por el descontento que sentía Washington por los procesos electorales soberanos llevados a cabo en los Estados latinoamericanos. Ya lo dijo el Presidente de EEUU, Woodrow Wilson, tras su inauguración en marzo de 1913: “ Les enseñaré a las repúblicas sudamericanas a elegir bien a la gente”.

En junio de 1835, en el territorio del estado mexicano de Tejas, con la ayuda de EEUU los colonizadores estadounidenses allí residentes organizaron una rebelión armada contra las autoridades mexicanas. Para llevar a cabo la ocupación de las tierras fue enviado a la zona el coronel Samuel Houston, amigo de Presidente Andrew Jackson. Al mismo tiempo Washington prestó el más amplio apoyo a los insurgentes, enviando a voluntarios, armamento y municiones. En breve los rebeldes proclamaron la “independencia” de Tejas, reconociendo en 1837 su “independencia como Estado”.

 Guerra entre EEUU y México, 1846-1848. El motivo para las acciones bélicas fue la frontera del anexionado anteriormente estado mexicano de Tejas, proceso en el cual participó activamente EEUU. La ocupación del territorio disputado situado entre los ríos Nueces y Río Grande, así como el bloqueo de los puertos del país obligaron a México a declarar una guerra. En breve después de los primeros enfrentamientos armados, el Presidente de EEUU, James Polk, quien con anterioridad había tenido la intención de justificar la guerra con pretensiones de carácter financiero, se dirigió al Congreso, manifestando que los mexicanos “habían invadido nuestro territorio y derramado la sangre americana en la tierra americana”. Como resultado de derrota, México reconoció que Tejas era parte de EEUU y perdió más de la mitad de su territorio, en concreto, las tierras de los actuales Estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada y Utah.

Intervención anglo-franco-española en México, 1861-1867. Después de la guerra civil en México (1858-1861), el Gobierno de Benito Juárez que había llegado al poder se negó a reconocer las deudas contraídas con las potencias occidentales por los gobiernos anteriores, por ser supuestamente anticonstitucionales. Ello sirvió de motivo para la intervención por parte de los principales acreedores del país, el Reino Unido, Francia y España.

Fue significativo que por parte del Reino Unido los preparativos “mediáticos” para la intervención consistieron en la campaña desplegada por el diario The Times que difundió noticias sobre “terribles desórdenes en México que hacían sufrir a los extranjeros”. París, por su parte, le concedió con urgencia la nacionalidad a un banquero suizo, cuya deuda México se había negado a pagar también. Esta circunstancia fue uno de los factores que condicionaron la legitimación de la intervención.

Londres y Madrid se retiraron de la guerra, mientras que las unidades francesas ocuparon la mayor parte del territorio mexicano. En condiciones de ocupación militar extranjera, se celebró un referéndum, al término del cual la mayoría de la población se pronunció por la monarquía como forma de gobierno. Al trono subió el hermano del Emperador austríaco Francisco José archiduque Maximiliano de Habsburgo. Tras a derrota de las tropas enemigas en 1867 en el país fue restaurada la República liderada por Benito Juárez.

1854, Nicaragua. Los estadounidenses no dejaron piedra sobre piedra el municipio nicaragüense de San Juan del Sur, poblado únicamente por civiles. El motivo para el ataque fue el hecho de haber sido golpeado en la cara el Embajador de EEUU, al intentar impedir que se hiciera justicia contra un ciudadano estadounidense presuntamente implicado en un asesinato.

Entre 1856 y 1857 el poder en Nicaragua, como resultado de una intervención militar pasó a los mercenarios estadounidenses liderados por William Walker, quien fue reconocido por EEUU como Presidente legítimo de Nicaragua. Gracias al esfuerzo unido de los Estados centroamericanos Willian Walker fue expulsado.

En los años 90 del siglo XIX, los estadounidenses ocuparon en varias ocasiones los puertos nicaragüenses. En 1909 las condiciones entre Nicaragua y EEUU se agravaron, tras lo cual en el país fueron introducidas tropas estadounidenses. Entre 1912 y 1933 el país se encontró bajo ocupación estadounidense. Las tropas se marcharon únicamente tras la victoria de los guerrilleros liderados por Augusto César Sandino.

El 15 de febrero de 1898,  a bordo del acorazado Maine atracado en La Habana, Cuba que era en aquellos momentos colonia española, se produjo una explosión que hizo que el barco se hundiera. La comisión formada en EEUU para investigar las circunstancias del accidente, llegó a la en gran medida infundada conclusión de que “la explosión del acorazado había sido provocada desde el exterior”. EEUU acusó a España de traición, aprovechando este acontecimiento como motivo para desatar una guerra, como resultado de la cual Puerto Rico, las Filipinas y Guam se convirtieron en posesiones de EEUU. Cuba fue proclamada Estado independiente, quedando a pesar de ello bajo una potente influencia estadounidense que hasta 1934 gozó del derecho de desplegar en el territorio cubano sus tropas. El mismo estaba estipulado por la Constitución del país. Al ser levantados en 1912 los restos del barco hundido y basándose en los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por numerosas comisiones, se estableció que en gran medida la explosión podía haberse debido al incendio en el depósito de carbón del barco.

Durante la Revolución Mexicana de 1910-1917, EEUU realizó una intervención directa en el país, ocupando el puerto de Veracruz. De motivo sirvió el arresto en abril de 1914 cerca de la localidad de Tampico de 8 marineros estadounidenses, parados por una patrulla en la zona de las acciones bélicas. A pesar de que los militares fueran puestos en libertad inmediatamente después de ser aclarados los detales del caso y recibieran las disculpas verbales, la parte estadounidense formuló a las autoridades del país un ultimátum. Se exigía que se presentaran en el plazo de 24 horas disculpas escritas y se rindieran honores a la bandera estadounidense con salvas de 21 cañones. La renuncia de México a cumplir estas humillantes exigencias de inmediato provocó el desembarco de comandos y la posterior ocupación de Veracruz hasta noviembre de 1914.

En 1937, en Nicaragua, con la participación de las tropas estadounidenses, tuvo lugar un golpe de Estado, como resultado del cual en el país para largos años se estableció la dictadura de la familia Somoza. La lucha del pueblo nicaragüense organizada por el Frente sandinista llevó a la caída del régimen de Somoza en 1979 y a la llegada al poder del líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega. Ello provocó la reacción de los combatientes opositores al Gobierno, “los contras” apoyados por EEUU, como resultado de lo cual en 1981 en Nicaragua empezó una guerra civil que continuó hasta 1990. Al prohibir el Congreso de EEUU de manera oficial la financiación de los guerrilleros, la CIA optó por conceder a estos gastos estatus de información clasificada. El hecho de la abierta injerencia de EEUU fue confirmado el 27 de julio de 1986 por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el marco del famoso caso Irán-Contras.

 En la etapa actual, tras años de intentos, se sigue buscando apartar del poder al Gobierno sandinista bajo el pretexto de la defensa de la democracia y los derechos humanos. La culminación del proceso fue la intentona perpetrada en abril de 2018: se pretendió lograr el objetivo mediante desórdenes masivos financiados desde el extranjero.

Abril de 1961, Cuba. La “operación en la bahía de los Cochinos”. Representó el ejemplo clásico de la intervención por parte de EEUU, intento fallido de invasión directa de mercenarios estadounidenses a Cuba. Fue un acto de abierta agresión económica, a pesar de haber sido condenada esta línea política por la comunidad internacional en varias ocasiones, también desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU: en 1962, fue impuesto el bloqueo anticubano. El Presidente John Kennedy firmó un Decreto prohibiendo toda forma de comercio con el Estado insular, a lo cual siguieron numerosas medidas administrativas dirigidas a introducir sanciones cada vez más severas contra La Habana, incluida el Acta Torricelli de 1992, la Ley Helms-Burton de 1996, etc.

Después de una breve normalización con la Administración de Obama, Donald Trump recuperó el volumen total de las restricciones, añadiendo además una serie de nuevas limitaciones, línea política que sigue aplicando la Administración del Presidente Biden. En mayo de 2021, Cuba volvió a ser incluida en el Registro Federal de Estados que no cooperan lo suficiente con EEUU en la lucha contra el terrorismo, en julio de 2021, en el Registro de países que no cumplen con los estándares estadounidenses en la lucha contra la trata de personas.

El 7 de septiembre de 2021, Joe Biden tomó la decisión de prorrogar para otro año las restricciones introducidas contra Cuba en la esfera del comercio. El 21 de diciembre de 2021 el Departamento de Estado dejó a Cuba en la lista de países que no cumplen con los estándares estadounidenses en la lucha contra la trata de personas. En noviembre de 2021 y en enero de 2022, se aprobaron dos paquetes adicionales de restricciones de concesión de visados para representantes de las autoridades cubanas que, según el Departamento de Estado, participaron en la supresión de protestas en el país en julio y noviembre del año pasado.

            Agosto de 1953, Irán. La CIA y el Servicio de Inteligencia del Reino Unido llevaron a cabo la operación conjunta Ajax para derrocar al Primer Ministro Muhammad Mosaddegh y a su Gobierno que habían nacionalizado la industria petrolera del país. El objetivo era recuperar el control de los monopolios occidentales sobre los ingresos iraníes procedentes de la venta del petróleo y crear condiciones propicias para el retorno al país del emigrado Sha Mohammad Rezah Pahleví de postura prooccidental.

Londres y Washington empezaron con sus acciones de sabotaje contra Mosaddegh con el boicot internacional de los derivados de petróleo iraníes. Más tarde, contra el Primer Ministro y sus allegados fue desplegada una virulenta campaña mediática  basada en noticias falsas sobre su cooperación con los comunistas. Las manipulaciones anglo-americanas de la opinión pública y los sobornos entre miembros de las élites política y militar del país pusieron al poder en Irán al Gobierno títere de Fazlollah Zahedi. Sus patronos occidentales le exigieron que firmara contratos petroleros esclavos para el país.

El 2 y el 4 de agosto de 1964, Vietnam. El incidente en el Golfo de Tonkín. El 7 de agosto de 1964 el Presidente de EEUU, Lyndon Johnson, logró que el Congreso aprobara la Resolución que le concedía el derecho de “tomar las medidas necesarias para contrarrestar cualquier ataque a las Fuerzas Armadas de EEUU” que pudiera lanzarse en el sudeste asiático. Motivo formal para ello fueron los supuestos ataques lanzados de los destructores estadounidenses por los buques torpederos de la República Democrática de Vietnam en el Golfo de Tonkín. Más tarde una comisión del Senado de EEUU reconoció que la información sobre el incidente había sido tergiversada deliberadamente para que se pudieran desatar las acciones bélicas en Vietnam. 

28 de abril de 1965, empezó la intervención de la infantería de marina estadounidense en las localidades de Barahona y Ayna, República Dominicana. El Presidente de EEUU, Lyndon Johnson, en calidad de motivo para la intervención militar proclamó “la necesidad de defender a los ciudadanos estadounidenses” en condiciones de la guerra civil tras la llegada al poder del Gobierno de izquierdas de Francisco Caamaño. La ocupación del país duró hasta el 28 de julio de 1966.

El 11 de septiembre de 1973, con el apoyo directo de EEUU se produjo un golpe de Estado en Chile. Como resultado el democráticamente electo Presidente del país Salvador Allende fue destituido. Se estableció la dictadura del general Pinochet que duró largos 17 años. Fue acompañada por fusilamientos, represalias y escisión de la sociedad chilena.

En 1982, en Guatemala, los servicios secretos estadounidenses se encargaron de crear el pertinente “ambiente informativo”, lo que permitió la llegada al poder de un Gobierno de militares. En los años 90 del siglo pasado al Gobierno proamericano del país le fue prestada ayuda militar para “luchar contra el comunismo” que en la práctica se transformó en asesinatos masivos. Para 1998 había 200.000 víctimas de esta “lucha”, decenas de miles escaparon a México, más de 1 millón de personas se convirtieron en refugiados en su propio país.

El 25 de octubre de 1983, las tropas de EEUU y de la coalición integrada por 6 países del Caribe invadieron Granada para derrocar el Gobierno del Primer Ministro Maurice Bishop que no era de agrado de Washington. El motivo para la operación fue la solicitud de ayuda enviada por la Organización de Estados del Caribe oriental acompañada por conflictos en los que se enfrentaban los miembros del Gobierno Popular Revolucionario de Granada. El resultado fue la muerte de Maurice Bishop. La Administración de EEUU manifestó que la intervención militar de debía a las “preocupaciones que tenían los dirigentes de Estados Unidos por la suerte que correrían 600 estudiantes de medicina que se encontraban en la isla”. La invasión fue sometida a críticas por una serie de Estados, incluida Canadá. El 2 de noviembre de 1983 la Asamblea General de la ONU también condenó la operación militar como “flagrante violación del Derecho Internacional”, votando 108 países a favor de la Resolución y 9, en contra.

A partir de 1986, en Colombia, como parte de la política de EEUU llamada a apoyar a los regímenes necesarios para la supuesta “lucha contra la droga”, se llevaron a cabo las llamadas “purgas sociales”: fueron aniquilados los líderes de los sindicatos y los miembros de movimientos y organizaciones más o menos relevantes, campesinos y políticos rebeldes. Como consecuencia, murieron decenas de miles de personas.

1989, Panamá. La intervención armada de EEUU. La razón formal de la operación militar Causa Justa iniciada por el Presidente George Bush era la defensa de los ciudadanos estadounidenses y del canal de Panamá, en función de los Tratados Torrijos-Carter, así como la reconstrucción de la democracia y el procesamiento del líder informal del país, Manuel Antonio Noriega acusado de mantener el narcotráfico. Al mismo tiempo, los analistas panameños indican que el objetivo real de los estadounidenses fue colocar en el poder a un Gobierno leal a Washington, puesto que el régimen de Noriega estaba aplicando la política de distanciamiento de EEUU. Ello no cuadraba en la estrategia de EEUU consisten en tener bajo control el canal de Panamá.

El pretexto directo para la agresión estadounidense fue el supuesto asesinato por las fuerzas de autodefensa panameñas de un soldado de la infantería de marina “extraviado”. La posterior investigación estableció dicho soldado y sus acompañantes formaban parte de un grupo especial de reconocimiento que había de encargarse de provocar un conflicto abierto con los militares panameños. Este grupo armados pasó a gran velocidad el puesto de control de las fuerzas de autodefensa locales y abrió fuego, hiriendo a varios civiles, entre ellos, un menor. En aquella situación los militares panameños simplemente se vieron obligados a abrir fuego, dejando muerto a uno de los atacantes.

Otros motivos de la invasión preparada por EEUU fueron los materiales publicados en los medios estadounidenses que, alegando el supuesto descubrimiento de varios sacos de cocaína en una de las casas frecuentadas por Noriega, insistían en los vínculos que lo unían a los traficantes de droga, sin embargo, durante el allanamiento fue encontrada harina, lo que fue reconocido más tarde por los militares estadounidenses.

Durante la invasión militar de Panamá realizada el 20 de diciembre de 1989, las legítimas autoridades panameñas fueron derrocadas, mientras que el país permaneció durante cierto período de tiempo bajo la ocupación estadounidense. De acuerdo con los testimonios de los familiares de las víctimas, los militares estadounidenses cometieron numerosos crímenes de guerra, incluidas las matanzas de civiles que sumaron en total 4.000 casos.

                24 de marzo - 10 de junio de 1999. La operación Fuerza Aliada contra la República Federativa Socialista de Yugoslavia. El entonces Jefe de la Misión de Observación del organismo en el territorio serbio de Kosovo, William Walker, ciudadano de EEUU, creó una historia completamente falsa sobre el supuesto asesinato de civiles en el poblado de Racak en enero de 1999. Más tarde se demostró que en realidad estos civiles habían sido terroristas armados que habían caído en el combate. La Unión Europea lo estableció de manera inequívoca. El señor Walker manifestó en aquella ocasión que se trataba de un acto de genocidio y anunció su decisión unilateral de revocar la misión de Kosovo, aunque tanto el despliegue de una misión de la OSCE, como su retirada es potestad del Consejo Permanente de la OSCE. De hecho, aquel acontecimiento dio luz verde a la agresión de la OTAN contra la antigua Yugoslavia.

                20 de marzo - 9 de abril de 2003, Iraq. La invasión de Estados Unidos y de sus aliados con el objetivo de derrocar a Sadam Husein. Durante 12 años la Comisión especial de la ONU UNSCOM y más tarde la Comisión de la Vigilancia, Verificación e Inspección del Desarme en Iraq (UNMOVIC) estaban buscando en el país armas de destrucción masiva: químicas, biológicas y de otro tipo. Sin embargo, el 5 de febrero de 2003 el Secretario de Estado de EEUU, Colin Powell, acusó a las autoridades iraquíes durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU de fabricar armas de destrucción masiva, demostrando a modo de “prueba” una probeta que contenía un polvo blanco, supuestamente, eran esporas de carbunco descubiertas en Iraq: “Los hechos y el comportamiento de Iraq evidencian que Sadam Husein y su régimen están ocultando la cada vez más potente producción de armas de destrucción masiva. No cabe la menor duda de que Husein tiene a su disposición armas biológicas y las capacidades de producir mucho más en breve. ¡Colegas!  Todas las declaraciones que he hecho hoy se basan en fuentes, fuentes fidedignas. No son suposiciones, son hechos reales...”

Los polvos no los persuadieron a los miembros del Consejo de Seguridad que se negaron a autorizar la invasión a Iraq. Eso no lo echó para atrás a Washington. Pretextando la necesidad de destruir estas supuestas armas de destrucción masiva, entre marzo y abril de 2003 EEUU con el apoyo de sus aliados, en contra del Derecho Internacional, emprendió la invasión a Iraq que desembocó en la ocupación del país. Sadam Husein, Presidente legítimo del país, fue derrocado y ejecutado, mientras que el país se sumió en años de caos que no puede superar hasta hoy.

Tras la derrota de Iraq no se descubrieron armas biológicas ni químicas ni nucleares, mientras que Colin Powell se arrepintió públicamente de sus declaraciones. En julio de 2016, la Comisión independiente británica dirigida por John Chilcot que habían dedicado 7 años a la investigación de la participación del Reino Unido en la campaña militar en Iraq, hizo públicos los resultados de su investigación. La conclusión rezaba: la invasión en Iraq había sido un “terrible error” y la decisión del Gobierno de Tony Blair de participar en aquella aventura, “precipitada” y “basada en datos incorrectos”. Incluso el propio Tony Blair reconoció que la invasión se había basado en “en datos de reconocimiento erróneos” y que la actuación de la coalición de hecho hizo posible el surgimiento del Estado Islámico. El ex Primer ministro británico se disculpó con los familiares de los militares caídos, pero muy a la británica por alguna razón no lo hizo con los familiares de los iraquíes que perdieron la vida.

Posteriormente, se recurrió con más intensidad a los temas radioactivos, químicos y biológicos, distinguiéndose  sobre todo en dicho campo el Reino Unido que lanzó una serie de provocaciones. La primera tuvo lugar en 2006 y es conocida como el caso Litvinenko. Bajo un pretexto ficticio de que Moscú se negaba a cooperar en la investigación del envenenamiento de Alexander Litvinenko, el Reino Unido aprobó en julio de 2007 una serie de sanciones contra Rusia: fueron expulsados del país 4 diplomáticos rusos, cesados todos los contactos con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, congelado el trabajo en los acuerdos sobre la cooperación técnico-militar, así como los acuerdos bilaterales sobre la simplificación del régimen de visados. Además, el Reino Unido insistió en la extradición del ciudadano ruso Andréi Lugovói, lo que representaría una burda violación de la Constitución rusa.

La parte rusa cooperó de manera concienzuda con la parte británica, aunque Londres no ofrecía la misma actitud. La Fiscalía General de Rusia informó a sus colegas británicos de que en caso de serle facilitados los pertinentes materiales, estaría dispuesta a iniciar un proceso judicial en Rusia.

El agosto de 2014, el Comité de Investigaciones de Rusia se vio obligado a rechazar la participación en la “investigación pública” de dicho caso que era llevada a cabo en el Reino Unido. Se debía a que, en contra de su nombre, el proceso no era nada transparente para la parte rusa. Por lo tanto, había riesgo de que acabara politizado, miedos que llegaron a hacerse realidad. Durante las reuniones judiciales de la parte abierta de esta “investigación pública” abundaban citas de “información clasificada”, insinuaciones de todo tipo y actitudes claramente parciales, por ejemplo, con respecto a los testigos, cuyos testimonios no correspondían con la “línea general” de la acusación.

En septiembre de 2014, con el objetivo de luchar contra el Estado Islámico, en Iraq y Siria fue creada una coalición antiterrorista liderada por EEUU. Para ello no se solicitó el consentimiento del Gobierno sirio que en ningún momento autorizó el despliegue en su territorio de las fuerzas de la coalición. Todas las operaciones son llevadas a cabo sin ser coordinadas con las autoridades legítimas de Siria, bajo el pretexto de la puesta en práctica del derecho a la autodefensa previsto por el Art.51 de la Carta de la ONU.

Los dirigentes sirios en reiteradas ocasiones se dirigieron al CS de la ONU instando a exigir la responsabilidad a EEUU y sus aliados. La aviación de la coalición con regularidad asestó golpes contra la infraestructura de Siria, incluida la petrolera, en los territorios controlados por el Estado Islámico. Según el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Siria, durante la crisis, estas acciones ilegítimas y la continua ocupación de una parte del territorio del país  ocasionaron unos daños al sector petrolero superiores a 100 mil millones de dólares USA.

En reiteradas ocasiones fueron blancos de ataque las áreas de emplazamiento de las tropas gubernamentales, luego de lo cual los terroristas pasaban a la ofensiva. En septiembre de 2016, a raíz de los golpes aéreos contra las posiciones de las tropas sirias en la zona de Deir ez-Zor murieron 62 militares sirios y más de 100 fueron heridos. Los terroristas del Estado Islámico aprovecharon esta circunstancia para tomar las líneas delanteras  de defensa de la guarnición de Deir ez-Zor copada por los terroristas.

         En abril de 2017 y abril de 2018, las simulaciones de empleo de armas químicas por el Damasco oficial instrumentadas por los servicios secretos a través de la ONG seudohumanitaria Cascos Blancos fueron utilizados por los aliados de la OTAN como pretexto para asestar masivos golpes con misiles contra instalaciones militares y civiles sirias.

         Las falsas acusaciones de empleo de armas químicas y otros testimonios falsos sobre los supuestos crímenes cometidos por Damasco (por ejemplo, el 7 de abril de 2018 en la ciudad de Duma) se convirtieron en elemento predominante de la guerra de información  desatada por Occidente contra Siria. El permanente moldeo de la opinión pública hizo posible la aprobación legislativa en Occidente de durísimas medidas represivas y restricciones, en particular, de la Ley Cesar que empujan Siria hacia la catástrofe humanitaria y estorban su reconstrucción postcrisis, la repatriación de millones de refugiados.

 (*) La ONG Cascos Blancos» (CB) como instrumento de falsedades sobre el empleo de armas químicas en Siria.

EEUU y Gran Bretaña utilizaron los ampliamente datos facilitados por los CB para presentar acusaciones a las autoridades sirias, acusando al Damasco oficial de emplear armas químicas. Posteriormente, Gran Bretaña esgrimió  estas “acusaciones” para fundamentar su postura en la OPAQ, promoviendo la creación del mecanismo de atribución que suponía investigaciones y “castigos” a los Estados por el empleo de armas químicas.

Los Cascos Blancos es el nombre informal de la ONG Defensa Civil Siria constituida en 2014 en la ciudad siria de Idlib como estructura marco para diversos destacamentos de rescate  que actuaban en el territorio de Siria no controlado por el Damasco oficial.

Los CB fueron reiteradamente denunciados como divulgadores de noticias falsas. Valgan como ejemplos los siguientes casos:

- aun antes del inicia de la operación antiterrorista a cargo de la Fuerza Aeroespacial de Rusia en Siria, en octubre de 2015, los CB organizaron el territorios palestinos en Cisjordania la preparación de noticias sobre las “víctimas de los golpes militares rusos”;

- en septiembre de 2016, organizaciones humanitarias propusieron evacuar a una niña de Alepo que comentaba en Twitter las “atrocidades del régimen”. Pero se aclaró que el autor de estos comentarios en Twitter era un activista angloparlante de los CB;

- un grupo de activistas de los CB que rodaban “reportaje” sobre la “niña ensangrentada de Alepo” fue detenido en diciembre de  2016 por policías egipcios en  Port Said;

- a finales de abril – comienzo de mayo de 2017, colaboradores de los CB y la cadena Al Jazeera hicieron un reportaje sobre el supuesto “ataque químico lanzado por el régimen sirio” en el poblado Saraqeb  (gobernación de Idlib) que en realidad no tuvo lugar.

La propia organización en algunos casos reconocía  y justificaba la difusión  de  semejantes “noticias simuladas” argumentándolo con la necesidad de “llamar la atención de la opinión públicas mundial a los sufrimientos de los sirios de a pie”.

Algunos reportajes de este género fueron filtrados a través de los CB como resultado de sus vínculos con los grupos terroristas. Lo indicaba, en particular, el periodista de The Boston Globe (EEUU), Stephen Kinzer. Según sus datos, el 16 de marzo de 2015, un tal Comité Coordinador de Sarmin facilitó a los CB unos videos que supuestamente denunciaban al Gobierno sirio. Los videos fueron promocionados por la cadena CNN. Sin embargo, luego se aclaró que el mencionado comité estaba vinculado con Al Qaeda. De este modo, recalcó Stephen Kinzer, la CNN estadounidense actuó como organismo encargado de hacer propaganda de Al Qaeda entre la opinión pública internacional.

Expertos de la Oficina de Representación  de la Organización Mundial de la Salud en Damasco dieron evaluaciones críticas a la actividad desarrollada por los Cascos Blancos. Ellos opinan que los CB junto con la ONG Médicos Sin Fronteras y la denominada Sociedad Médica Sirio-Estadounidense difunden desinformación y noticias falsas en los territorios de Siria controlados por los grupos armados ilegales, incluyendo el rodaje de videos falsos sobre los “hospitales destruidos en Alepo” y el “hambre masivo” en las zonas sitiadas. Esta actividad de los CB cuenta con la cobertura formal por parte del denominado “mecanismo humanitario transfronterizo de la ONU” ubicado en la ciudad turca de Gaziantep y financiado en contravención del llamamiento humanitario oficial de la ONU.

Prestigiosos políticos y personalidades públicas de Australia, Bulgaria, Canadá, Eslovaquia, EEUU, Francia descubren independientemente unos de otros las patrañas, desinformación y noticias falsas difundidas por los CB.

Marzo de 2018, el caso de los Skripal. El incidente en Salisbury relacionado con el supuesto envenenamiento del ex oficial del GRU, Serguéi Skripal, y su hija Yulia, fue aprovechado por Londres con provocativos fines antirrusos. Sin esperar  los resultados de su propia investigación, sin recurrir a los mecanismos legales, incluida la OPAQ y el Convenio del Consejo de Europa sobre asistencia judicial en materia penal, el Gobierno británico adoptó varias medidas inamistosas con respecto a la Federación de Rusia.

Entre ellas la expulsión de 23 diplomáticos rusos; la elaboración de “nuevas medidas legislativas para reforzar la protección contra toda la forma de actividades hostiles de otros Estados”; la aprobación de las enmiendas al proyecto de ley sobre sanciones “con tal de reforzar los poderes para decretar sanciones en respuesta a las violaciones de los derechos humanos”; el reforzamiento del control fronterizo; el bloqueo de los activos públicos rusos “en caso de que sea demostrado su uso con fines que amenacen a la vida o a los bienes de los ciudadanos británicos”; “la aplicación de todos los esfuerzos indispensables  contra el crimen organizado y las élites corruptas”; la suspensión de todos los contactos bilaterales de alto nivel, incluida la cancelación de la invitación a Serguéi Lavrov a visitar  Gran Bretaña, así como la renuncia de los miembros de la familia real y del Gobierno a visitar el Mundial de Fútbol de 2018; la adopción de otras medidas cuyo contenido “no puede ser divulgado por motivos de seguridad nacional”.

Además, el Gobierno de Gran Bretaña promovió el sucesivo agravamiento de las relaciones al incitar la expulsión de los diplomáticos rusos por varios miembros de la UE y la OTAN.

La ex Primera Ministra británica, Theresa May, al intervenir en septiembre de 2017 en el Parlamento, expresó que la Fiscalía de la Corona británica estaba dispuesta a acusar oficialmente de intento de asesinato de los Skripal a dos ciudadanos rusos, Alexander Petrov y Ruslán Bashírov. Supuestamente, estos hombres son oficiales de la inteligencia militar rusa (GRU). Según Theresa May, los apellidos Petrov y Bashírov son ficticios y fueron usados para penetrar en Gran Bretaña y asesinar a los Skripal en Salisbury.

Dirigiéndose a los parlamentarios, Theresa May subrayó que sólo Rusia, supuestamente, posee las posibilidades técnicas y experiencia de uso del agente químico de guerra, el llamado Novichok, asimismo que los motivos para emplearlo. En su discurso, la primera ministra británica alegó el informe de la Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) sobre los resultados del trabajo de especialistas con relación al incidente en Amesbury. Al mismo tiempo, el propio informe de la OPAQ no aduce versiones sobre la proveniencia del agente tóxico, tampoco se usa el nombre de Novichok.

El 21 de septiembre de 2021, se anunció la decisión de los organismos británicos competentes de presentar acusación contra el tercer ciudadano de Rusia implicado en el caso de los Skripal, un tal Serguéi Fedótov. La titular británica del Interior, Priti Patel, al comentar en el parlamento de su país el nuevo giro en este caso, hizo hincapié en la intención de Londres de continuar “reaccionando duramente ante la persistente y seria amenaza proveniente de Rusia, mientras las relaciones con su gobierno no mejorasen”. El 18 de noviembre de 2021, la propia Patel anunció el inicio de la llamada investigación pública de la muerte en 2018 en Amesbury de la ciudadana británica Dawn Sturgess, que, según afirma la parte británica, fue intoxicada con el agente neuroparalítico Novichok. El proceso político iniciado no tiene nada que ver con la justicia y persigue un único objetivo, el de endosar toda la responsabilidad por lo ocurrido a Moscú, sin ninguna prueba, pero dotando esta decisión de un “marco legal”.

Sin embargo, los portavoces de Gran Bretaña siguen guardando silencio con respecto a las numerosas solicitudes de la parte rusa para recibir de Londres las respuestas inteligibles a nuestras preguntas sobre las múltiples incongruencias en el caso de los Skripal.

Durante los contactos con la parte británica insistimos consecuentemente en un enfoque profesional, objetivo e imparcial de la investigación de todas las circunstancias de lo ocurrido. Declaramos a Londres en más de una ocasión que estamos abiertos a la cooperación entre los organismos y los expertos competentes, si es que la parte británica realmente está interesada en investigar las circunstancias del crimen.

         El 20 de mayo de 2018, en Venezuela se celebraron las elecciones presidenciales. EEUU, guiándose por los motivos políticos y sin molestarse en presentar las pruebas de infracciones durante el proceso electoral, le negaron la legitimidad al candidato electo, Nicolás Maduro. En enero de 2019, en contra de la Constitución de Venezuela, Washington reconoció como “presidente encargado de Venezuela” al diputado venezolano, Juan Guaidó, introduciéndose acto seguido por el Departamento de Tesoro de EEUU “para respaldar los esfuerzos del pueblo venezolano de restablecer la democracia” las restricciones contra el Banco Central y los sectores clave de la economía venezolana, en primer lugar, de la petrolera, que representa la principal fuente de los ingresos presupuestarios. Está vigente la prohibición de hecho de la exportación del petróleo y la importación de los derivados del petróleo de Venezuela, los activos y cuentas venezolanos en los bancos de los países occidentales están bloqueados, el país está privado de la posibilidad de realizar préstamos en el mercado exterior. A día de hoy, las pérdidas totales por las medidas restrictivas estadounidenses oscilan entre 130.000 y 258.000 millones de dólares. La presión sancionadora destruye la economía venezolana y limita las posibilidades de las autoridades en las condiciones de la pandemia por coronavirus de realizar las compras necesarias de los artículos de primera necesidad, vacunas, equipos médicos y medicinas. Según las evaluaciones del economista de la Universidad de Columbia (EEUU), Jeffrey Sachs, las restricciones sectoriales de EEUU desembocaron en el fallecimiento de más de 40.000 venezolanos.

Según la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Elena Dovgan, “las sanciones agravaron los problemas existentes: y condujeron a “la crisis económica, humanitaria en el ámbito de desarrollo con las consecuencias catastróficas para la población de Venezuela”. En el país hay déficit de “máquinas necesarias, piezas de recambio, electricidad, agua, combustible, gas, alimentación y medicamentos”, al igual que de los trabajadores cualificados, en particular, “del personal sanitario, ingenieros, médicos, maestros, profesores, jueces y policías”. Esta situación ejerce “un enorme impacto en todas las categorías de los Derechos Humanos, incluidos el derecho a la vida, a la alimentación, a la protección de salud y al desarrollo”.

Bolivia fue escenario en reiteradas ocasiones de los golpes de Estado perpetrados con la participación de EEUU y sus aliados. El ejemplo más escandaloso de intervención de los occidentales fue el golpe de Estado de 2019. La destitución ilegal del presidente Evo Morales fue consecuencia de la campaña sobre la supuesta falsificación de los resultados de las elecciones, lanzada en los medios locales y mundiales con los mismos patrones de las “revoluciones de colores” e instigaciones por parte de la cúpula de la Organización de los Estados Americanos (ОEА). Entretanto, los embajadores de los países occidentales participaron directamente en la promoción a la presidencia de Jeanine Añez con las infracciones obvias de los procedimientos constitucionales, en particular, en las reuniones extraoficiales en la Universidad Católica de Bolivia los días 11 y 12 de noviembre de 2019 discutieron cuestiones de la política interior. Durante los enfrentamientos en Sacaba y Senkata, el ejército y la policía dispersaron a los manifestantes usando fuerza y ascendiendo a unas 40 personas los fallecidos.

         Otro ejemplo de intervención de EEUU en los asuntos internos de Bolivia son los acontecimientos de 2008 que obligaron al presidente Morales a deportar del país al embajador de EEUU, Philip Goldberg, que, según los datos de las autoridades bolivianas, en la reunión en la administración de la ciudad de Santa Cruz participó en la discusión de planes de los departamentos orientales de separarse de Bolivia. Todo ello sucedía en el contexto de las manifestaciones de los separatistas que llevaron a la avería del gasoducto de Bolivia a Brasil y la muerte de 30 campesinos.

Además, un caso indignante de desprecio por los occidentales hacia las normas del Derecho Internacional y creación del motivo para violar la inmunidad del cargo supremo boliviano fue el aterrizaje forzado en Viena, el 2 de julio de 2013, del avión presidencial de Evo Morales, que regresaba a su país después de la visita oficial a Moscú. España, Francia, Portugal e Italia denegaron el sobrevuelo por sospechas de que Edward Snowden se encontraba a bordo. Lo había anunciado, sin revelar la fuente, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo. El resultado de tal provocación fue un registro humillante del avión del presidente boliviano que demostró la ausencia de Snowden a bordo. Un día más tarde, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, reconoció durante una rueda informativa que EEUU “había mantenido contactos con los Estados en todo el mundo que pudieran ser el destino de Snowden o su punto de tránsito”.

El 3 de enero de 2020 a consecuencia del ataque con misiles contra el aeropuerto de Bagdad (Irak) murió el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general de división Qasem Soleimani. El jefe militar iraní figuraba en la lista de sanciones de EEUU por la incriminada a él “actividad de proliferación” y “apoyo del terrorismo”, al igual por la cooperación con el gobierno legítimos de Siria. La liquidación de un alto cargo de un país en el territorio de un tercer país es una paso sin precedentes, Muchis califican este crimen de EEUU como acto de terrorismo de Estado.

Agosto de 2020, el “envenenamiento” de Alexéi Navalni. La UE, Gran Bretaña, EEUU introducen sanciones contra una serie de los ciudadanos de la Federación de Rusia y el Instituto Estatal de Investigación Científica de Química Orgánica y Tecnología supuestamente involucrados en el “envenenamiento” de Alexéi Navalni con Novichok. No se adujeron pruebas de su culpabilidad.

En agosto de 2021, bajo pretextos inventados y absurdos, el gobierno de Gran Bretaña anunció la imposición de restricciones personales contra siete ciudadanos de Rusia por su supuesta “responsabilidad directa por el envenenamiento de Alexéi Navalni”. Se afirmó que las sanciones impuestas ponían fin al “comportamiento irresponsables y nocivo” de Rusia y representaban una lógica continuación de la declaración de la OPAQ del 6 de octubre de 2020, que “había confirmado” las conclusiones de tres laboratorios internacionales independientes sobre el envenenamiento de Alexéi Navalni por el agente neuroparalítico del grupo de Novichok.

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De esta manera, son Londres y Washington los “campeones” históricos en inventar pretextos para acciones destructivas, incluidas las intervenciones en otros Estados, su ocupación, golpes destructivos, uso de sanciones ilegales, etc.

Es obvio en la política tradicional de Occidente se encuadra el actual maratón prolongado del terror informativo, cuando los principales medios mundiales, por encargo de las élites gobernantes de, en primer lugar, EEUU y Gran Bretaña, organizan una histeria real para lavar el cerebro a los lectores y espectadores, crear una nueva realidad rotando constantemente los reportajes rusófobos y convenciendo a todos de la inminencia de la “intervención rusa en Ucrania”.