Discurso pronunciado por el Representante Permanente de la Federación de Rusia ante la OSCE, Alexander Lukashévich, en la reunión del Consejo Permanente de la OSCE sobre la persecución de los periodistas en Ucrania, Viena, 31 de agosto de 2017
Estimado señor Presidente,
El problema de seguridad y persecución de los periodistas en Ucrania se hace cada vez más agudo.
El pasado 30 de agosto, la reportera de la cadena de televisión Pervy Canal, Anna Kurbátova, fue detenida en Kiev. La portavoz del Servicio de Seguridad de Ucrania, Elena Guitliánskaya, comunicó que la periodista rusa sería deportada y así pasaría con todos los que se permiten a difamar a Ucrania”. Es posible deportar a cualquier persona bajo un pretexto tan ambiguo. El representante de la OSCE para Derechos de Libertad de los Medios de Comunicación, Harlem Désir, y el Comité de Protección de los Periodistas en Nueva York ya denunciaron esta acción vergonzosa.
Anteriormente, el pasado 15 de agosto, expulsaron de Kiev con la prohibición de entrar en Ucrania durante tres años a la corresponsal especial de la cadena de televisión rusa VGTRK, Tamara Nersesián. En el momento de detención le echaron los brazos hacia atrás. Ni siquiera le hicieron subir al tren a la reportera sino le llevaron hasta un puesto de control en la frontera con Rusia y obligaron a ir a pie en la oscuridad. Los servicios secretos acusaron a la periodista de que “representa una amenaza a la integridad del Estado ucraniano”.
El pasado 26 de julio, expulsaron de Ucrania a la reportera de los canales de televisión Rossiya-1 y Rossiya-24, María Kniázeva. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, María Kniázeva llevaba a cabo una actividad subversiva al recoger la información sobre la situación en el Estado, el trabajo de los órganos de poder supremo y las fuerzas del orden y de seguridad. El Servicio de Seguridad no aclaró porque esto era considerado ilegal. Según la periodista, varios hombres desconocidos le detuvieron en la calle, tomaron su teléfono, obligaron a sentarse en un coche y trajeron a un local semioscuro donde le interrogaron durante varias horas. Le declararon a la periodista que supuestamente “destruye el orden constitucional y socava la imagen de Ucrania en los ojos de la comunidad internacional”. Tras el interrogatorio, en plena noche, se le trajeron a la corresponsal a la frontera ruso-ucraniana y le hicieron salir cerca de un puesto de control.
En mayo del año en curso, no les dejaron entrar en Ucrania al reportero gráfico de la Agencia de Información Internacional Rossiya Segodnya, Ramil Sitdikov, y dos periodistas del periódico Komsomolskaya Pravda. Se le entregó al reportero gráfico la disposición de prohibir su entrada en el país debido a la ausencia del motivo confirmado del viaje. A los periodistas de las cadenas de televisión Pervy Canal y NTV les expulsaron de Ucrania sólo porque grabaron las marchas de los nacionalistas con antorchas. Los periodistas del canal de televisión ruso Life News fueron declarados “persona non-grata”: el Servicio de Seguridad de Ucrania detuvo a un corresponsal y a un camarógrafo cuando ellos hacían preguntas a los habitantes de Kiev en las calles de la ciudad. En diciembre del año pasado, el Gobierno ucraniano se negó acreditar a los periodistas de la agencia RIA Novosti atribuyéndolo a la disposición de la Rada Suprema de que los reporteros registrados en Rusia no pueden asistir a su sesión.
Durante los últimos dos años, Kiev prohibió en reiteradas ocasiones la entrada en el país a los periodistas rusos. Sólo durante el año en curso, no les dejaron entrar en Ucrania a más de 60 representantes de los medios de comunicación rusos. Por ejemplo, en 2016, los guardias fronterizos de Ucrania prohibieron la entrada en el país durante cinco años a la corresponsal especial de VGTRK, Daria Grigórova, al informarla sobre esta decisión en el aeropuerto. Le confiscaron el pasaporte y dejaron pasar la noche en un escaño. Por la mañana, le trajeron a un local especial y le entregaron el certificado de deportación.
Un año antes de esto, las autoridades ucranianas expulsaron a un grupo de rodaje de VGTRK junto con el corresponsal Alexander Rogatkin. El mismo año, fue expulsado el periodista Alexander Bálitski. En la sede de la Rada Suprema el líder de los radicales, Oleg Liashko, le agredió al afirmar que es “agente de los servicios secretos”.
La redacción de Pervy Canal estuvo preocupada durante varias horas esperando algunas noticias sobre el destino de la periodista Alexandra Cherepnina. Durante los preparativos para la emisión del programa, no se logró establecer un contacto. El camarógrafo de la cadena de televisión no encontró en el piso a ella ni a sus cosas. Posteriormente, Alexandra Cherepnina se puso en contacto con la cadena de televisión y dijo que le había detenido el Servicio de Seguridad de Ucrania, le había incriminado la “falsificación” de un vídeo. Los servicios secretos anunciaron a Alexandra Cherepniná que se le prohíbe la entrada en Ucrania para el período de tres años. Según sus datos, la periodista intentó grabar un vídeo montado para desacreditar a las autoridades de Ucrania.
La presión ejercida sobre los medios de comunicación y editoriales, los ataques y el maltrato contra los periodistas en Ucrania se hicieron tan frecuentes que la Comisión de Helsinki ante el Congreso de EEUU publicó un informe especial sobre la libertad de los medios de comunicación en Ucrania. En éste los expertos destacaron que los periodistas que intentan centrar la atención en las infracciones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania o no están de acuerdo con la política del Gobierno afrontan de modo regular la presión y las amenazas.
Hasta en la Unión Nacional de Periodistas de Ucrania, el pasado 31 de agosto, se habló de una acrecida agresión contra los medios de comunicación. Según los datos de la Unión, la comunidad mediática de Ucrania critica a las fuerzas del orden por su incapacidad de investigar de modo eficaz los crímenes cometidos contra los periodistas.
A principios de 2015, una de las primeras víctimas fue la cadena de televisión Inter. Se acusó a la cadena de trabajar para el “agresor”. Se trataba de la emisión de programas de televisión con la participación de las estrellas rusas del mundo del espectáculo. Por eso se planeaba privar la cadena de la licencia. Posteriormente, se decidió simplemente quemarla. Los combatientes enmascarados incendiaron la redacción, golpearon a los empleados, no les dejaron salir del edificio en llamas lleno de óxido carbónico. Se repitió el guión que tuvo lugar un año antes de esto en la Casa de los Sindicatos en Odesa. Los periodistas compararon el incendio provocado en la sede de Inter con el de Reichstag en la Alemania nazi que dio inicio a las represiones masivas contra la oposición. Los periodistas que no trabajaron para las autoridades afrontaron las acciones arbitrarias de los servicios secretos.
El 9 de agosto de 2017, en la redacción de la editorial ucraniana Strana.ua y en las casas de sus empleados se llevaron a cabo los registros. No está claro todavía qué haya buscado el Servicio de Seguridad. Hace un año, la policía golpeó a la periodista de la cadena de televisión de Ucrania 1+1, Natalia Nagornaya, sólo porque realizaba la grabación de un vídeo en un puesto de control. Asimismo, en 2016, el Servicio de Seguridad de Ucrania suspendió la acreditación de los periodistas de la cadena de televisión ucraniana Hromadske TV, Anastasía Stanko y Konstantín Rebutski, tras su reportaje que supuestamente revelaba el lugar de despliegue de los uniformados de Ucrania.
Kiev impone de modo regular las sanciones contra los periodistas de otros países. En abril de 2016, no dejaron entrar en Ucrania a cuatro corresponsales de la cadena de televisión Mir, los ciudadanos de Bielorrusia que querían producir una película dedicada a un aniversario de la catástrofe de Chernóbil. Aquel mismo año, no dejaron entrar en Ucrania al periodista alemán, Saado Isakov, quien se dirigía a Odesa. En 2015, el presidente de Ucrania, Piotr Poroshenko, dispuso poner en vigor la decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de imponer las sanciones contra 34 periodistas y 7 internautas de Rusia, Kazajstán, Alemania, Israel, España, Suiza, Gran Bretaña y otros Estados.
En mayo pasado, se hizo del dominio público que Kiev había ampliado las listas de personas y organizaciones sujetas a sanciones, para entidades y ciudadanos extranjeros, publicadas en un anexo al decreto del presidente Piotr Poroshenko. Ahora totalizan 1.228 personas jurídicas y 468 jurídicas. En particular, Ucrania impuso sanciones contra varios medios rusos, prohibió el acceso a las redes sociales VKontakte y Odnoklassniki, a los servidores Yandex y Mail.ru.
En el sitio ucraniano de mala fama Mirotvorets se publican con regularidad los datos personales de reporteros rusos y extranjeros que visitan Crimea o Donbás. A estas personas las tratan de intimidar con amenazas. La representante de la OSCE para la libertad de los medios, Dunja Mijatović, en su tiempo calificó la publicación de datos personales de un “paso inquietante” que “podría poner en un mayor peligro la seguridad de los periodistas”. Mientras tanto, la Defensora del Pueblo de Ucrania, Valeria Lutkovskaya, desde ya más de un año viene proponiéndole infructuosamente a la Rada Suprema (Parlamento) celebrar las audiencias parlamentarias sobre la seguridad de los periodistas.
A decir verdad, no hay nada de extraño en esta actitud hacia los periodistas. El régimen de Kiev apoya la intolerancia hacia cualquier opinión, teniendo constantemente a mano a los activistas patrioteros dispuestos a reprimir a los indeseables.
Los periodistas que trabajan en Ucrania corren mucho riesgo. A consecuencia de las acciones de los uniformados murieron los colaboradores de la compañía estatal de radio y televisión VGTRK, Antón Voloshin e Ígor Korneliuk, el operador de la cadena Pervy Canal, Anatoli Klian, el periodista italiano, Andrea Rocchelli, y su intérprete, Andréi Mirónov, así como el reportero gráfica de la Agencia de Información Internacional Rossiya Segodnya, Andréi Stenin. En total, durante los últimos tres años, en Ucrania perecieron más de dos decenas de periodistas.
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos en reiteradas ocasiones denunciaron las represiones contra los periodistas en Ucrania. El Comité para la Protección de los Periodistas denunció la persecución de reporteros en Ucrania e instó a las autoridades a garantizar las condiciones para un periodismo libre e independiente.
El representante de la OSCE para Derechos de Libertad de los Medios de Comunicación, Harlem Désir, hace poco instó a Kiev a “respetar la labor de los periodistas extranjeros”. Pero, a juzgar por todo, las autoridades de Ucrania no están propensas a modificar su política draconiana. Así que todas las habladurías sobre la opción europea y los valores democráticos en la Ucrania de hoy no hacen más que provocar escepticismo.
Reiteradamente hemos planteado este tema en las reuniones del Consejo Permanente. Por enésima vez exhortamos a Ucrania a dejar de pisotear burdamente los derechos de los periodistas, también bajo el inventado pretexto de luchar contra la propaganda. Por fin, hay que plantarle cara a la verdad, la situación se ha agravado demasiado. Ya es hora de que lo reconozcan no sólo Kiev sino también sus patronos en Washington y Bruselas.
Les agradezco la atención.
