Comentario ofrecido por el Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia con respecto al quinto aniversario del golpe de Estado en Ucrania y a las consecuencias del mismo

Tras el golpe de Estado cometido en 2014 que fue apoyado abiertamente por EEUU y una serie de países occidentales, Ucrania se está sumergiendo cada día más en el caos político, la corrupción, el ultraje y el nacionalismo beligerante.

En los últimos cinco años el país fue azotado por una oleada de violencia, habiéndose cometido numerosos crímenes por razones políticas e ideológicas. En la mayoría de los casos no reciben la debida atención legal. No se llevó a cabo una investigación imparcial del llamado “caso de los francotiradores” del Maidán. Tampoco fue investigada la tragedia ocurrida en 2014 en Odesa.

A pesar de proclamar su adhesión a los ideales de la democracia y a la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, las autoridades ucranianas, de hecho iniciaron una caza contra quienes tienen posturas propias, diferentes de las oficiales. Son sometidos a acoso y represalias muchos medios y periodistas independientes, entre ellos, el redactor en jefe de RIA Novosti-Ucrania, Kiril Vyshinski.

Se han vuelto habituales los ataques a los defensores de los derechos humanos y a los activistas sociales. De acuerdo con Amnistía Internacional y Нuman Rights Watch, en 2018 se registraron más de 50 crímenes cometidos contra los activistas sociales.

Sigue funcionando el tristemente conocido portal ucraniano Mirotvórets que ofrece en el espacio público los datos personales de más 120 personas que no están de acuerdo con la política llevada a cabo por Kiev.

Las autoridades ucranianas siguen promoviendo de manera consciente la discriminación étnica e ideológica, mientras que el chovinismo beligerante y la xenofobia han alcanzado nivel de política oficial. A nivel de Estado son glorificados los partidarios de los nazis y los colaboracionistas, Stepán Bandera, Román Shujévich, Evgueni Konoválets, Andréi Mélnik. De acuerdo con el informe anual del Ministerio de Asuntos Sociales y la Diáspora de Israel, Ucrania ostenta el liderazgo en antisemitismo e intolerancia con respecto a los judíos.

No tiene precedentes la situación con la discriminación de los derechos y las libertades lingüísticas, educativas y culturales de la población rusoparlante y de las minorías étnicas de Ucrania.

Kiev interviene con perfidia en la vida religiosa del país, pisoteando burdamente la libertad de culto, la libre elección de la confesión y los sacramentos. Con la creación de la llamada Iglesia ortodoxa de Ucrania, las autoridades del país no hicieron sino ahondar el cisma existente en la religión ortodoxa en el país, distinguiendo entre los “suyos” y los “forasteros”. Se dio luz verde al repartos forzoso de las propiedades eclesiásticas y a la liquidación a la Iglesia ortodoxa autocéfala canónica de Ucrania. Su clero es amenazado con destrucción física. Así, el diputado del parlamento ucraniano y consejero del Presidente del país, Dmitri Yarosh, fiero nacionalista, incita en público a “cazar a los popes moscovitas”, precisando con sorna que serán “destruidos con amor”, dado que “los ucranianos son caritativos por naturaleza”. Dichas declaraciones provocadoras entrañan las más graves consecuencias, incluido el estallido de una sangrienta guerra religiosa.

Todo ello tiene como telón de fondo el latente conflicto en Donbás, estando dispuesta Kiev a avivarlo en cualquier momento, para intentar recuperar el control sobre la región, sin hacer caso a las posibles víctimas. De acuerdo con la ONU, desde el inicio del conflicto armado en abril de 2014, el número de víctimas mortales superó las 12.000 personas, centenares de ciudadanos son considerados desaparecidos, mientras que cientos de miles se convirtieron en desplazados forzosamente. Al mismo tiempo las autoridades ucranianas continúan con el bloqueo económico, comercial, energético y de transportes introducido contra el sudeste del país que agrava ya en sí muy complicada situación humanitaria.

En el país reina un nihilismo legal y un evidente ultraje que no reciben debidas reacciones por parte de nuestros interlocutores occidentales, lo que solo alienta al régimen ucraniano, invitando a dar nuevos pasos antidemocráticos, a violar las normas de la moral y del comportamiento civilizado. Sin que le dé la menor vergüenza, Kiev sigue practicando la segregación de sus ciudadanos, desentendiéndose de aquellos que se vieron obligados a trasladarse a Rusia para ganarse la vida. Por capricho de las autoridades ucranianas, millones de personas que se encuentran en el territorio ruso fueron privados del derecho constitucional de votar en las elecciones presidenciales en las misiones diplomáticas de Ucrania en Rusia.

De una manera igual de arrogante las autoridades del país interpretan sus compromisos internacionales en el marco de la OSCE, prohibiendo a observadores rusos que forman parte de la misión de control de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos participar en la vigilancia de los procesos electorales en su territorio.

Volvemos a llamar a la ONU, la OSCE y al Consejo de Europa a que ofrezcan su evaluación de principio a cuanto está ocurriendo en Ucrania, llamen a las autoridades ucranianas a que retornen al campo legal y observen a rajatabla los compromisos asumidos a nivel internacional. Las secuelas del rechazo de dichas normas por Kiev podrían resultar irreversibles tanto para Ucrania, como para toda Europa.