Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia "Sobre la situación de los derechos humanos en ciertos países"

EEUU

La situación del respeto de los Derechos Humanos en EEUU está lejos de los estándares internacionales para la defensa de las libertades fundamentales.

Estados Unidos continúa violando flagrantemente los Derechos Humanos tanto dentro del país como fuera de él, incluso por tomar medidas coercitivas unilaterales ilícitas (sanciones). El ejemplo más palmario es el bloqueo económico de Cuba que sigue vigente por más de una década (incluso a pesar de las numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU). 

Es igualmente importante subrayar las burdas violaciones del derecho humanitario internacional que cometen los dirigentes estadounidenses en los terceros países. Bajo el pretexto “tradicional” de que era necesario luchar contra el terrorismo, EEUU siguió empleando de forma indiscriminada la fuerza militar en el extranjero. Eso se ha traducido en un crecimiento de víctimas entre la población civil. 

Washington se recurre enérgicamente a la retórica sobre los Derechos Humanos para justificar su injerencia en los asuntos exteriores de Estados soberanos e imponer sanciones ilegales contra ellos. Se ha convertido en práctica común para el Departamento de Estado de EEUU publicar informes tendenciosos sobre el estado de los Derechos Humanos en Rusia y otros países no deseables que se usan para validar la presión ejercida sobre ellos. 

EEUU aplica el principio de la extraterritorialidad de la justicia estadounidense y lo usa para cazar a los ciudadanos de Estados soberanos, violando gravemente su legislación nacional.

Uno de los blancos principales para la “justicia” estadounidense han sido los ciudadanos rusos. Entre los ejemplos más palmarios están los arrestos de Víktor But (Tailandia, 2008), Konstantín Yaroshenko (Liberia, 2010), Román Selezniov (Maldivas, 2014) y Alexander Vínnik (Grecia, 2017). Varios de ellos se vieron no justamente arrestados, sino también secuestrados y llevados forzosamente a EEUU. Al usar ilícitamente la justicia estadounidense el principio de la extraterritorialidad, los rusos fueron arrestados en Alemania (Denís Kaznachéev, 2020), Georgia (Oleg Tíschenko, 2018), la República Dominicana (Alexander Panin, 2013), Israel (Alexéi Burkov, 2015), España (Dmitri Belorrósov, 2013; Vadim Poliakov, 2014; Piotr Levashov, Stanislav Lísov, 2017), Italia (Alexander Kórshunov, 2019), Costa Rica (Mijaíl Chujariov, 2013), Letonia (Yuri Mártishev, 2017), Lituania (Dmitri Ustínov, 2013), los Países Bajos (Dmitri Smiliánets, Vladímir Drinkman, 2012), Finlandia (Maxim Senaj, 2015; Mira Terada, 2018); la República Checa (Yevgueni Nikulin, 2016), Suiza (Vladímir Zdorovenin, 2011; Vladislav Kliushin, 2021) y varios otros Estados.

Los estadounidenses están cazando no solo a rusos, sino también a los ciudadanos de otros países que frecuentemente están detenidos sin cargos ni juicio en las “prisiones secretas” de la CIA (ya en 2006 George W. Bush reconoció su existencia), donde sufren torturas y humillaciones[1096]. 

En Estados Unidos, los inmigrantes y reclutas, incluidos los menores de edad, se enfrentan a la constante represión de libertades. Los periodistas no se sienten seguros y siempre se hacen víctimas de ataques. Siguen sin implementación los planes de la administración estadounidense de cerrar el centro de detención de Guantánamo. El descontento de los ciudadanos con las violaciones de derechos electorales solo agudiza la división en la sociedad estadounidense. La opinión alternativa se ve censurada con mayor frecuencia en las redes sociales. 

Las múltiples infracciones de libertades siguen estando sujeto a críticas de los órganos internacionales y organizaciones no gubernamentales, incluidas Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos) y Amnesty International (Amnistía Internacional).

Según los expertos de Amnistía Internacional, después de haber salido del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018 (e incluso después de su regreso al organismo), Estados Unidos efectivamente siguió desenganchándose del sistema internacional de Derechos Humanos. Se convirtió en una conducta habitual el desatender las numerosas solicitudes de los expertos de la ONU o el rechazar sus visitas oficiales a EEUU. Entretanto, Washington no oculta que ahora participa en mecanismos de Derechos Humanos solo en los casos que beneficien a sus objetivos en política exterior[1097]. 

Tampoco renunció EEUU a su práctica de acusar a las estructuras internacionales “no deseadas”. En abril de 2019, los dirigentes estadounidenses revocaron el visado del fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI). La razón fue la investigación ejercida por el TPI de los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán. La retórica de acusaciones contra los empleados del Tribunal se intensificó también. Dichos oficiales se vieron amenazados con restricciones o persecución que podrían experimentar en el territorio de EEUU[1098]. 

Desde la perspectiva de los defensores de los Derechos Humanos, la crítica de la OMS expresada por Washington y el término de las relaciones de EEUU con dicha estructura “socavan los esfuerzos globales por proteger a la gente durante la mayor crisis de sanidad pública en los últimos ciento años” [1099]. 

Pese a todos los hechos mencionados, EEUU continúa declarándose el líder global en la protección de Derechos Humanos. Sin embargo, Washington no se apresura a expandir sus compromisos jurídicos internacionales en esta área.

Según los datos publicados en la fuente oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[1100], EEUU es una parte de los siguientes tratados: el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados, 2000; el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 2000; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 1965; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984. 

La confrontación política agudizada en EEUU entre las dos fuerzas políticas principales y sus partidarios la que el mundo ha observado en los últimos años, se ha hecho la causa principal de los disturbios sociales incesantes en todo el país.

Según el informe publicado en noviembre de 2020 por el centro de investigación Pew Research Center, la división política en EEUU tiene una naturaleza excepcional en tales campos importantes como la economía, la justicia racial, los cambios climáticos, el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, etc.

Las elecciones presidenciales de 2020 empeoraron estas discrepancias. La encuesta que tuvo lugar un mes antes de las elecciones mostró que en torno a un 80% de los votantes registrados en ambos campos dijeron que sus desacuerdos con el otro lado se refirieron no solo a la política, sino también a los valores estadounidenses principales. Un 90% de los encuestados de ambos campos expresaron su preocupación por lo que la victoria de sus oponentes entrañara un daño permanente a EEUU[1101].

La pandemia del COVID-19 intensificó las tensiones emergentes en EEUU y afectó a los miembros de la sociedad más vulnerables. Los grupos de bajos ingresos perdieron sus trabajos (el número de solicitudes de prestación por desempleo superó 40 millones) [1102] y resultaron ser incapaces de pagar por el caro tratamiento médico.

El estado deplorable de esta esfera lo confirma también el informe del MAE bielorruso de 2022 sobre los casos más resonantes de violaciones de Derechos Humanos en ciertos países del mundo. En particular, el documento sostiene que, en plena propagación del coronavirus, los dirigentes estadounidenses no pudieron proporcionar a sus ciudadanos una protección eficiente en la sanidad pública. 

En gran medida, estas conclusiones hacen eco del informe chino sobre las violaciones de Derechos Humanos en EEUU en 2021. El instrumento expresa que, a pesar de que EEUU posee los equipos médicos y las tecnologías más avanzadas en el mundo, Estados Unidos registró la mayor cantidad de infectados y fallecidos por el COVID-19 en términos globales[1103]. Conforme a los datos de la Universidad Johns Hopkins, en finales de febrero de 2022, el número de los casos confirmados del coronavirus superó 78 millones y las personas muertes excedieron 940.000. No obstante, los altos cargos estadounidenses siguen careciendo de planes eficaces para contrarrestar la epidemia[1104]. 

Los centros de Derechos Humanos líderes han subrayado repetidamente la deficiencia de los esfuerzos ejercidos por el Gobierno estadounidense por subsanar las divisiones sociales y las desigualdades en la sociedad estadounidense que se han profundizado en los últimos 30 años y que se han empeorado aún más en el contexto de la amplia infección del COVID-19.

Según lo estipulado en el informe preparado por la Sociedad China de Estudios de Derechos Humanos, EEUU es el único país desarrollado donde millones de personas siguen pasando hambre[1105].

Además, Human Rights Watch constata que una gran proporción de ciudadanos estadounidenses vive en pobreza y no tiene acceso a las condiciones de trabajo seguras, vivienda, educación, tratamiento médico, agua limpia y servicios sanitarios básicos. Debido a su pobreza, dichas personas no pueden participar en la vida política o defender sus derechos ante los tribunales, así como sufren discriminación en distintos ámbitos[1106].

Los expertos de la organización no gubernamental Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity creen que los dirigentes estadounidenses exageran deliberadamente las cifras de empleo. Según los datos oficiales del Departamento de Trabajo, en abril de 2022, la tasa promedia de desempleo en EEUU fue el 3,6%. Sin embargo, los analistas trazan un panorama mucho más deprimente: según sus cálculos, las cifras reales pueden ser mucho más altas, hasta el 23,1%.[1107]

EEUU sigue siendo uno de los pocos países desarrollados donde la seguridad alimenticia para las personas más pobres todavía está organizada sobre la base del sistema de cartillas de racionamiento. La estadística del Departamento de Agricultura prueba que más de 38 millones de hombres, incluidos 12 millones de niños, carecen de alimentos.

La pandemia del coronavirus aumentó la inseguridad alimenticia entre las familias con hijos y las comunidades de color que ya se habían enfrentado con el hambre a una escala mayor antes de la pandemia. Las comunidades rurales se ven especialmente afectadas por el hambre. Muchos hogares que experimentan la escasez de alimentos no tienen derecho a participar en programas de alimentación federales y tienen que recurrir a los bancos de alimentos locales para un apoyo adicional[1108]. 

Los observadores continúan prestando atención a la creciente pobreza infantil ante la decisión de los dirigentes estadounidenses de limitar los subsidios mensuales para la crianza de los hijos de pobres familias. [1109]

Según los investigadores de la Universidad de Chicago y la Universidad de Notre Dame, el nivel de pobreza en EEUU creció del 9,3% al 11,7% (un aumento del 2,4%) entre junio y noviembre de 2020. El patrimonio neto combinado del 1% de los estadounidenses más ricos es 16,4 veces mayor que él del 50% de los estadounidenses más pobres. Al mismo tiempo, durante la pandemia, los ingresos de las personas más ricas vieron la mayor alza[1110]. La desigualdad de ingresos en EEUU es más alta que en otros países con economías desarrolladas. 

Estas conclusiones se confirman por los resultados de las encuestas de la opinión pública. Conforme a la investigación de la entidad Pew Research Center, el 61% de los estadounidenses opina que la actual desigualdad económica en el país es muy significante. Entretanto, el 23% de los encuestados dice que el país cuenta con un nivel de la desigualdad normal, y el 13% sostiene que dicho nivel es bajo[1111].

La desigualdad social se manifiesta más en cuanto a las minorías étnicas y raciales. Los estudios mencionados de la Universidad de Chicago y la Universidad de Notre Dame muestran también que la tasa de pobreza entre los estadounidenses de color creció un 3,1%. En conformidad con USA Today, en el primer trimestre de 2020, la tasa nacional de propiedad de la vivienda entre la población blanca constituyó el 73,7%, pero solo el 44% de los afroamericanos tuvieron viviendas. Según ABC News, en 2019, el 15,7% de los estadounidenses de procedencia latinoamericana vivieron en la pobreza, lo que es el doble de los estadounidenses blancos[1112].

Según el centro de investigación Pew Research Center, el continuo crecimiento de la desigualdad económica en Estados Unidos desde los años 80 está relacionado con varios factores, como el cambio tecnológico, la globalización, la disminución del poder de los sindicatos y la reducción del salario mínimo. Como consecuencia de estos factores, las personas que ocupan las posiciones más bajas de la escala económica se enfrentan a unas oportunidades económicas y una movilidad limitadas. La desigualdad también afecta negativamente a la influencia política de los pobres, provoca la segregación geográfica por ingresos y perjudica al propio crecimiento económico [1113].

Según el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de China sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos en 2021, los derechos a la vida de las personas mayores se violan flagrantemente en Estados Unidos. Los políticos estadounidenses declaran que "los ancianos pueden sacrificarse por el país" y que "la economía nacional es más importante que la vida de los viejos." El informe también apunta que la gran mayoría de las muertes por COVID-19 en Estados Unidos se han producido entre personas de 65 años o más.

Según el informe publicado el 21 de julio de 2020 por la experta independiente de la ONU sobre el disfrute de los derechos humanos por las personas de edad, Claudia Mahler, la discriminación en la prestación de servicios médicos ha aumentado la vulnerabilidad de los ancianos.

Según el informe publicado en 2022 por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Bielorrusia sobre los casos más preocupantes de violación de los derechos humanos en algunos países, las autoridades estadounidenses no pueden proveer a la población de una vivienda adecuada en el marco del derecho a una vida digna. El número de personas sin hogar en Estados Unidos es escalofriante. El 7 de diciembre de 2021, el Washington Post informaba de que "el sinhogarismo es uno de los mayores problemas contemporáneos de Estados Unidos, independientemente de la región". El 19 de diciembre de 2021, el New York Times hacía eco de esta información, afirmando que en San Francisco hay una persona sin hogar por cada 100 residentes.

El racismo, el antisemitismo, la islamofobia y muchas formas de discriminación, xenofobia y otras intolerancias similares siguen creciendo en Estados Unidos. Además, el problema del racismo se ha convertido en un fenómeno sistémico en la sociedad estadounidense, que penetra en todos los aspectos de la sociedad. Las organizaciones de derechos humanos están alarmadas por este hecho. Los expertos siguen constatando un aumento de los delitos motivados por la intolerancia racial, nacional y religiosa.

La situación de las libertades de la población de color ha agravado. Los defensores de los derechos humanos registran posturas discriminatorias hacia ciudadanos estadounidenses de origen africano, asiático y latinoamericano, lo que se manifiesta especialmente en el curso de las medidas policiales, y también en los campos médico y social.

Los afroamericanos y asiáticos estadounidenses sufren discriminación en la administración de justicia, en particular en la justicia penal. En Estados Unidos, los afroamericanos tienen varias veces más probabilidades de ser encarcelados que los blancos [1114]. 

Según las encuestas de opinión pública, el 32% de los afroamericanos y el 21% de los asiáticos temen constantemente ser víctimas de actos criminales motivados por el racismo [1115].

La decisión de un jurado de declarar inocente a Kyle Rittenhouse por disparar a dos personas en Kenosha (Wisconsin) durante las protestas por los derechos de la población negra provocó un agudo debate sobre la necesidad de una solución sistemática al problema de la intolerancia racial en Estados Unidos [1116].

Las imágenes racistas asociadas al tráfico de africanos esclavizados, linchamientos, juicios despectivos, explotación y violencia contra los afrodescendientes son bastante frecuentes en la retórica política [1117].

Además, existe un alto índice de delitos por motivos raciales y étnicos, alimentado por la prevalencia de grupos extremistas y neonazis en el país.

En 2021, activistas de derechos humanos registraron la existencia de 773 grupos de odio en Estados Unidos [1118].

Una influyente ONG estadounidense, el Southern Poverty Law Center, ha constatado un aumento sin precedentes de la popularidad de las ideologías extremistas en la sociedad estadounidense [1119]. Según los estudios realizados por esta organización, en 2019 había unos 940 grupos extremistas operando en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran el infame Ku Klux Klan (47 células), neonazis y cabezas rapadas (59 y 48 comunidades), otros adeptos a la ideología de la supremacía blanca (391 organizaciones), así como movimientos antiinmigrantes e islamófobos (20 y 84, respectivamente) [1120].

A pesar de que en 2020 se registró un menor número de asociaciones que predican la ideología del odio (838), según los expertos de la ONG Southern Poverty Law Center, esto no significa un descenso de las actitudes extremistas. Los datos de una encuesta que realizaron en agosto de 2020 muestran que el 29% de los estadounidenses conoce personalmente a partidarios de la teoría de la supremacía blanca. Además, muchas ideas extremistas se difunden ahora sin una organización o institución de afiliación. Numerosos sitios y foros de Internet ofrecen importantes oportunidades para ello, donde los usuarios pueden recibir y difundir información sobre ideologías de odio sin afiliarse a una organización extremista [1121]. 

Cabe señalar que en los últimos años ha aumentado el número de materiales ideológicos difundidos por extremistas. Según la ONG Anti-Defamation League, en 2020 el número de materiales distribuidos por supremacistas blancos casi se duplicó en comparación con el año anterior: se registraron más de 5.000 mensajes con declaraciones racistas, antisemitas y otras manifestaciones de incitación al odio [1122]. Es evidente que las cifras reales son mucho más elevadas.

Las estadísticas confirman estas tendencias negativas. Según los datos de delitos de 2019 publicados en 2020 por el FBI, el 57,6% de los 8.302 delitos de odio denunciados a las fuerzas de seguridad estaban motivados por la raza o etnia de las víctimas. De ellos, el 48,4% tuvieron como objetivo a afroamericanos, el 15,8% a blancos, el 14,1% a hispanos y el 4,3% a asiáticoamericanos. De las 4.930 víctimas de delitos de odio por motivos raciales, 2.391, casi la mitad, eran afrodescendientes [1123].

Recientemente, los casos de propagación de ideología racista y neonazi entre el personal militar estadounidense han llamado la atención de los activistas de derechos humanos. Los medios de comunicación han publicado repetidamente informes sobre crímenes de alto nivel cometidos por militares estadounidenses seguidores de ideologías racistas y miembros de grupos radicales [1124]. El problema se agrava por la ausencia de una prohibición legal de que el personal militar pertenezca a organizaciones nacionalistas y racistas. En febrero de 2020, varios representantes del ejército estadounidense admitieron en una comparecencia ante el Congreso que la pertenencia a un grupo nacionalista no está prohibida, aunque la participación activa en el grupo podría acarrear sanciones administrativas [1125]. Al mismo tiempo, evadieron proporcionar cifras precisas sobre el número de militares estadounidenses sujetos a dichas sanciones administrativas [1126].

El 14 de mayo de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó un estudio de las amenazas terroristas en el país, en el que se reconocía el aumento significativo de la actividad de los extremistas de derecha en los últimos años. Se señala que la mayor amenaza la representan los movimientos que difunden la ideología del odio religioso y étnico, la superioridad racial y el nacionalismo militante, especialmente la idea de la supremacía blanca. También ha aumentado el número de extremistas solitarios que no pertenecen a organizaciones radicales. Según los datos del documento, 2019 resultó ser el año "más letal" del último cuarto de siglo en el contexto de actos violentos de terroristas nacionales: cinco atentados distintos causaron la muerte de 32 personas, de las cuales 24 fueron víctimas de racistas específicamente blancos [1127].

Cabe destacar que los autores del informe, aunque en general señalan correctamente las nuevas tendencias en la propagación de la ideología extremista, al mismo tiempo intentan resaltar de manera artificial el factor de la influencia externa en este fenómeno, acusando a países extranjeros de supuestas "actividades malintencionadas para ahondar la división" en Estados Unidos. A pesar de que las autoridades estadounidenses señalan el peligro del radicalismo de derecha, en realidad existen planteamientos ambivalentes ante tales organizaciones. Por ejemplo, varios expertos y legisladores estadounidenses han sugerido anteriormente que debería prestarse atención al grave peligro que representan los grupos neonazis que cometen crímenes en Ucrania con impunidad, incluidos los que mantienen vínculos con extremistas estadounidenses (por ejemplo, la División Atomwaffen). Se conocen casos cuando militares estadounidenses que comparten la ideología del racismo y pertenecen a grupos radicales han cometido crímenes de gran repercusión. A pesar de todo ello, las autoridades estadounidenses incluyeron al Movimiento Imperial Ruso en la lista nacional de terroristas (esta decisión suscitó muchas preguntas entre los expertos, dada la escasísima información sobre esta organización y sus relaciones en el extranjero). Al mismo tiempo, aún no se han tomado medidas similares con respecto a asociaciones ucranianas tan notorias como Sector Derecho, Batallón Azov o C14, cuyos miembros han estado involucrados en graves delitos.

Estados Unidos contrata a una amplia gama de grupos terroristas en todo el mundo, que están estrechamente controlados por las agencias de inteligencia y colaboran con empresas militares privadas (PMC). Esto ha ocurrido y sigue ocurriendo en los territorios sirios ocupados por el ejército estadounidense, donde bandas odiosas como Maghawir al-Saura operan bajo el disfraz de oposición moderada. Otras formaciones islamistas radicales también funcionan bajo la égida de las fuerzas de ocupación estadounidenses en territorio sirio al otro lado del Éufrates.

La tradición de Washington de recurrir a los servicios de criminales de guerra se remonta a décadas atrás. Tras la Segunda Guerra Mundial, varios nazis alemanes y fascistas italianos se integraron con el consentimiento estadounidense (incluso con el apoyo directo de la CIA) en las estructuras de seguridad y científicas de Estados Unidos, así como en los círculos gubernamentales de Alemania e Italia. Procesos similares se produjeron en otros países europeos. Ante la insistencia de los estadounidenses, varios generales de Hitler fueron ascendidos a altos cargos en las estructuras de la Bundeswehr y la OTAN. Empleados de la Abwehr, la Gestapo y otras estructuras nazis prestaron una importante ayuda para reajustar el trabajo de los servicios de inteligencia occidentales en las condiciones de la Guerra Fría. Capturado el general japonés Ishii Shiro, conocido por sus experimentos sobre pruebas de los efectos de virus, bacterias, radiaciones y sustancias químicas en personas vivas en la China ocupada, fue llevado a Estados Unidos. Los estadounidenses le confiaron el desarrollo de armas biológicas garantizando a cambio la inmunidad frente al procesamiento como criminal de guerra.

Los estadounidenses y las ONG bajo su control prestan apoyo activo a los movimientos de ultraderecha y neonazis en la antigua Unión Soviética y en Europa, llamando a sus miembros luchadores por la libertad, y a sus ídolos entre los cómplices nazis, figuras de los movimientos de liberación nacional. El terror nazi en Ucrania, lanzado inmediatamente después del golpe de Estado de febrero de 2014, se basó en la larga experiencia de cooperación de Estados Unidos con terroristas y extremistas.

El procesamiento ideológico de los grupos banderistas fuera de Ucrania (principalmente en Canadá) fue iniciado por los estadounidenses poco después de 1945. Desde finales de la década de 1980, los estadounidenses apoyaron de manera deliberada a los portadores de opiniones rusófobas y chovinistas y reforzaron estos sentimientos en la cúpula y el ejército ucranianos. Bajo el control de ONG occidentales, funcionaban activamente escuelas de formación política de jóvenes que les enseñaban las revoluciones de colores según las metodologías estadounidenses. No solo explicaban a sus alumnos la estrategia y las tácticas de los golpes de Estado, sino que también fomentaban una rusofobia agresiva. Se crearon campos de entrenamiento en Ucrania y Europa del Este con dinero de la CIA, donde militantes de organizaciones ultraderechistas y nazis, que se convirtieron en los autores del terror en Ucrania, fueron entrenados bajo la dirección de instructores de la OTAN.

Tras el golpe de Estado de 2014, Estados Unidos continuó casi abiertamente su labor para "garantizar la defensa y la seguridad de Ucrania", asumiendo el control total de las fuerzas de seguridad y aumentando de manera constante el suministro de armas. En el proceso de fortalecimiento del poder militar dirigido contra Rusia, se apostó justo por la ideología nazi y la infiltración de sus adeptos en los cuadros de mando de las Fuerzas Armadas ucranianas y la administración del Estado. Los nacionalistas de los batallones de voluntarios, a los que se proporcionó una generosa ayuda financiera específica, que ascendió a miles de millones de dólares, se convirtieron en el pilar de esta tarea otra vez. Para el período comprendido entre 2016 y 2022 (antes del inicio de la operación militar especial de las Fuerzas Armadas rusas el 24 de febrero de 2022), solo el Batallón Azov recibió "ayuda" estadounidense por valor de unos 78 millones de dólares a través de canales legales, a pesar de la prohibición del Congreso estadounidense de financiar esta organización.

Al mismo tiempo, Washington lanzó una campaña para justificar el nazismo ucraniano y blanquear a los colaboradores de la Alemania hitleriana que fueron elegidos como sus líderes. Es indicativo que Estados Unidos y Ucrania, incluso en la ONU, voten contra la resolución anual de Rusia que condena las manifestaciones de neonazismo.

La elaboración de perfiles raciales por parte de la policía es muy aguda en Estados Unidos. Cabe mencionar la opinión de la ONG Amnesty International, que señaló que ninguna de las leyes estadounidenses existentes que regulan a nivel estatal la posibilidad de que la policía use la fuerza y sus límites (no existen tales actos a nivel federal) cumple con los estándares internacionales en el campo de la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

Según el Washington Post, más de mil personas murieron a manos de la policía en 2019, y en 2020 esta cifra se redujo ligeramente a 967 accidentes (esto no tiene en cuenta los delitos cometidos por los agentes del orden fuera de sus funciones oficiales).

Las víctimas más frecuentes del uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden son los afroamericanos, que representan menos del 13% de la población: la tasa de mortalidad de afroamericanos a manos de la policía (1.512 muertes por cada 42 millones de personas) es 2,5 veces superior a la tasa de mortalidad de los blancos residentes en Estados Unidos (2.890 muertes por cada 197 millones de personas) [1128]. Según los analistas, uno de cada 1.000 hombres negros residentes en Estados Unidos corre el riesgo de ser víctima de las fuerzas del orden. El grupo de mayor riesgo son los ciudadanos de entre 20 y 35 años [1129]. En segundo lugar en cuanto a víctimas mortales se encuentran los miembros de la comunidad latinoamericana.

La ONG End Police Violence, que monitorea diariamente el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden, señala que en 2021, el número de asesinatos cometidos por policías estadounidenses aumentó en comparación con el año anterior. El número de víctimas ascendió a 1.136. El 96% de esos crímenes se cometieron con armas de fuego, pistolas paralizantes, vehículos o el uso de fuerza física excesiva. Solo 16 incidentes dieron lugar a la inculpación de agentes del orden, lo que representa únicamente el 1% del número total de casos. Además, en 16 episodios, los agentes del orden ya habían sido vistos anteriormente utilizando armas [1130].

Estos datos están respaldados por las estadísticas citadas por Mapping Police Violence, según las cuales al menos 1.124 personas murieron como consecuencia de la violencia policial en Estados Unidos en 2021. No obstante, la mayoría de los homicidios se produjeron como resultado de delitos no violentos o cuando no hubo crimen en absoluto.

Algunos estados han promulgado normativas que prohíben a los agentes de policía abrir fuego contra vehículos. Sin embargo, estas normas no protegen plenamente a los ciudadanos de la brutalidad policial. A esta conclusión llegan también los autores del informe 2022 del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Bielorrusia sobre los casos más sonados de violaciones de derechos humanos en algunos países del mundo, que acusan a las autoridades estadounidenses de no poder garantizar la protección de la población contra la violencia policial.

Varios expertos ven una serie de violaciones de la legislación nacional y del Derecho Internacional en la respuesta de las autoridades estadounidenses a las protestas masivas que ocurren en el país. En primer lugar, critican el uso injustificado y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del orden contra los participantes en manifestaciones pacíficas y los periodistas que cubren esas acciones. Se llama la atención sobre la detención masiva de ciudadanos, el uso por parte de la policía de balas de goma, gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y otros medios especiales.

El debate urgente sobre las violaciones de los derechos humanos, el racismo sistemático, la violencia policial y la violencia contra las protestas pacíficas, iniciado por un grupo de Estados africanos y celebrado el 17 de junio de 2020 durante la reanudación del 43º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue una clara muestra de la urgencia de la situación en Estados Unidos, durante el cual se criticaron duramente las acciones de las autoridades estadounidenses.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial también ha invocado el procedimiento de alerta temprana en relación con la situación de las protestas masivas contra el racismo en Estados Unidos [1131], emitiendo una declaración especial el 12 de junio de 2020. En ella, señala el problema sistémico de los perfiles raciales, la brutalidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden contra personas pertenecientes a minorías raciales y étnicas, incluidas personas desarmadas.

La situación en Estados Unidos también ha llamado la atención de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En su declaración de 3 de junio de 2020, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a Washington a condenar inequívocamente el racismo estructural que está destruyendo la sociedad estadounidense, y a tomar medidas para abordar los problemas de desigualdad.

La gravedad de la situación de racismo rampante y brutalidad policial en Estados Unidos fue puesta de relieve por los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Así, en concreto, el 5 de junio de 2020, en relación con las protestas en Estados Unidos, se emitieron declaraciones conjuntas de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en las que se condena el terror racial contemporáneo y se insta a las autoridades estadounidenses a reformar el sistema de aplicación de la ley.

El homicidio del afroamericano George Floyd a manos de agentes de policía blancos durante su detención en Minneapolis el 25 de mayo de 2020 [1132] y las consiguientes protestas en todo el país pusieron de manifiesto de la forma más vívida los problemas sistémicos del racismo en Estados Unidos, tanto contra afroamericanos como contra representantes de otras minorías raciales y nacionales.

El caso del asesinato de George Floyd no fue ni mucho menos el único ejemplo de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra los afroamericanos.

El 12 de octubre de 2019, en Fort Worth (Texas), el agente del orden Aaron Dean, que acudió a la llamada, disparó y mató a una ciudadana estadounidense de raza negra, Atatiana Jefferson, en su domicilio [1133]. Los vecinos de la mujer informaron a la policía de una puerta abierta en el piso y de sonidos que parecían disparos. Las imágenes de una cámara de vídeo sujeta a la ropa del agente de policía mostraron que la fallecida estaba en casa con su sobrino pequeño jugando a la videoconsola. El agente de la ley disparó a matar inmediatamente después de ser advertido, dejando a la víctima sin posibilidades de sobrevivir.

El 28 de enero de 2020, en Temple Hills, Maryland, un agente de policía disparó y mató a un hombre afroamericano, William Green, detenido por conducción peligrosa y esposado [1134]. El agente de la ley efectuó varios disparos contra el detenido, que se encontraba en el asiento delantero del coche patrulla y no ofreció resistencia.

El 13 de marzo de 2020, en Louisville (Kentucky), un agente de policía disparó por error y mató a la enfermera Breonna Taylor mientras registraba su domicilio [1135]. No se confirmaron las sospechas de que la fallecida estuviera implicada en el tráfico de drogas.

El 11 de abril de 2021, un hombre afroamericano, Daunte Wright, murió en los suburbios de Minneapolis por los disparos de una agente de policía mientras ella realizaba la detención [1136] [1137]. Según las autoridades policiales de la ciudad, la agente quería utilizar una pistola eléctrica, pero disparó por error y mató al hombre afroamericano.

El 20 de abril de 2021, en Columbus (Ohio), un agente de policía que acudía a una llamada sobre una chica que atacaba con un cuchillo disparó y mató a una chica negra de 16 años, Ma’Khia Bryant. El incidente se produjo casi al mismo tiempo que se anunciaba el veredicto en el caso del asesinato de George Floyd durante la detención. El jurado declaró al agente de policía Derek Shauvin culpable de todos los cargos.

Desde 2020, las manifestaciones de sinofobia se han intensificado en Estados Unidos en el contexto de la propagación a gran escala del COVID-19: los estadounidenses de origen asiático han sido acosados e insultados en lugares públicos, se les ha impedido la entrada a instalaciones públicas y comerciales y al transporte público.

Según la Universidad Estatal de California en San Bernardino, los delitos contra ciudadanos asiáticos aumentaron un 224% en 2021 en comparación con el año anterior. Estas sombrías cifras se ven complementadas (y confirmadas por la tendencia al alza) por la Voz de América, que informó de que los delitos violentos contra asiáticos en 2020 aumentaron un 150% en comparación con 2019 [1138]

Con este telón de fondo, no es de extrañar que, según otro informe sobre Estados Unidos de la Sociedad China de Estudios de Derechos Humanos, uno de cada cuatro jóvenes estadounidenses de origen asiático sea objeto de acoso por motivos raciales [1139]. Пандемия коронавируса только усугубила синофобию. La pandemia del COVID-19 no ha hecho sino exacerbar la sinofobia.

Según la ONG Stop AAPI Crime, se registraron 6.603 incidentes entre el 19 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021. La mayoría (65,2%) fueron insultos, el 12,6% de los incidentes fueron agresiones físicas y el 10,3% discriminación laboral, denegación de servicio, etc. La gran mayoría de los incidentes se produjeron en lugares públicos (37,8%) y en oficinas (32,2%). Las víctimas fueron en su mayoría mujeres (64,8%) [1140].

Los sonados asesinatos de mujeres asiáticas ocurridos en Atlanta (Georgia) en marzo de 2021 provocaron un acalorado debate público: un hombre blanco armado condujo un coche por los salones de SPA y disparó contra empleadas y visitantes.

El antisemitismo (61 grupos antisemitas) [1141] y la islamofobia (50 organizaciones radicales antiislámicas) proliferan en Estados Unidos.

En 2021, la ONG Anti-Defamation League registró 2.717 actos ilícitos de los que fueron víctimas miembros de la comunidad judía [1142].

Según encuestas sociológicas, las comunidades judías de Estados Unidos viven bajo el temor constante de que se cometan delitos contra ellas. El 63% de los encuestados ha sufrido o presenciado un delito de odio por motivos raciales en los últimos 5 años. El 56% dijo haber recibido amenazas e insultos, y alrededor del 9% haber sido agredido física y verbalmente [1143].

El 31 de marzo de 2021, una familia judía con un niño pequeño sufrió un ataque armado en la ciudad de Nueva York [1144]. Un incidente atroz ocurrió el 26 de marzo de 2021 en Florida: se pintó una cruz gamada en el coche de un ciudadano estadounidense, superviviente del Holocausto [1145].

Preocupa seriamente a la comunidad de derechos humanos el endurecimiento constante de la política migratoria de las autoridades estadounidenses. Éstas están adoptando medidas de una dureza sin precedentes para "resolver" la crisis migratoria, cuyo objetivo es devolver a los extranjeros a los países vecinos, donde deben esperar a que se completen sus solicitudes de entrada en el país. Desde el inicio de la política de "tolerancia cero" en Estados Unidos, en abril de 2018, se ha registrado un aumento de los casos de trato cruel e inhumano a menores inmigrantes.La comunidad de derechos humanos está seriamente preocupada por el constante endurecimiento de la política migratoria de las autoridades estadounidenses. Estas están adoptando medidas de una dureza sin precedentes para "resolver" la crisis migratoria, cuyo objetivo es devolver a los extranjeros a los países vecinos, donde deben esperar a que se completen sus solicitudes de entrada en el territorio nacional. Desde el inicio de la política de tolerancia cero en Estados Unidos, en abril de 2018, se ha registrado un aumento de los casos de trato cruel e inhumano a menores inmigrantes.

La política de no permitir la entrada en Estados Unidos a inmigrantes y refugiados procedentes de México ha sido impugnada en repetidas ocasiones ante los tribunales locales por ser contraria a los principios de humanidad. Aunque un tribunal federal dictaminó que tales medidas eran ilegales [1146], el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó posteriormente la determinación [1147].

El 8 de agosto de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la finalización del programa Quédate en México (Remain en México, RMX, por sus siglas en inglés) iniciado por la administración anterior [1148]. Aplicado desde enero de 2019, el programa antimigratorio obligaba a los solicitantes de asilo a esperar una decisión judicial estadounidense adecuada fuera de Estados Unidos. Se afirma que sus normas han dado lugar a violaciones generalizadas de las libertades fundamentales. Casi 70.000 personas que solicitaron asilo en Estados Unidos se encontraban en ciudades fronterizas del lado mexicano. Muchos inmigrantes fueron víctimas de delitos como la explotación sexual y la trata de personas [1149]. Los refugiados fueron recluidos en instalaciones sin calefacción y se les negó el acceso a la higiene básica. Las raciones de comida incluían alimentos congelados, incluso caducados [1150].

Los casos de abuso de autoridad en los centros de internamiento temporal de inmigrantes han alcanzado tales proporciones que han llegado a ser conocidos por la prensa. Las condiciones de detención en los centros de deportación locales se han convertido en objeto de continuas demandas y recursos por parte de numerosas organizaciones de la sociedad civil ante la dirección del Servicio Federal de Migración y sus subdivisiones en varios estados. Varias ONG como Americans for Migrant Justice, Freedom for Immigrants, Immigrant Defense Network, entre otras, reciben peticiones de ayuda de los propios inmigrantes con quejas sobre palizas, condiciones insalubres, falta de atención médica y crueldad por parte de los gestores de los centros de internamiento temporal. Al mismo tiempo, quienes buscan ayuda son a menudo deportados por decisión de estos mismos centros.

Las demandas para cerrar un centro concreto pueden prolongarse durante meses y no llevar a nada. Por ejemplo, los medios publicaron detalles de las horrendas condiciones sobre un centro de internamiento temporal en Macclenny (Florida) tras numerosas quejas de organizaciones comunitarias. Las demandas se han entablado durante más de una década, pero en 2022, tras otra inspección, el centro recibió una evaluación positiva y siguió funcionando.

Estados Unidos ha empezado a beneficiarse de la pandemia de COVID-19 utilizándola como excusa para denegar a los solicitantes el acceso al sistema de asilo estadounidense, tal y como exige la legislación estadounidense y las obligaciones de los tratados.

El 23 de diciembre de 2020, el DHS y el Departamento de Justicia bajo la administración Trump establecieron una norma que retiraba la protección a los refugiados que llegan de o transitan por un país donde la COVID-19 u otras enfermedades potencialmente contagiosas están muy extendidas, calificándolas de "peligrosas para la seguridad nacional de Estados Unidos".

Bajo la administración Trump, Estados Unidos ha concertado los Acuerdos de Cooperación en materia de Asilo (ACA, por sus siglas en inglés) con Guatemala, El Salvador y Honduras, que la administración Biden suspendió posteriormente y decidió rescindir. El gobierno estadounidense ha deportado a Guatemala al menos a 945 solicitantes de asilo en virtud de los ACA sin proporcionarles recursos legales. Los acuerdos con Honduras y El Salvador nunca se aplicaron.

Desde enero de 2021, Estados Unidos ha expulsado a casi 25.000 haitianos (incluidos niños), entre ellos solicitantes de asilo, a Haití sin acceso al proceso de asilo, a pesar de la creciente inestabilidad política y violencia en ese país. A partir de febrero de 2022, las expulsiones directas también continúan a otros países, incluidos El Salvador, Guatemala y Honduras.

Destacados expertos médicos estadounidenses han concluido en repetidas ocasiones que las restricciones al asilo son indefendibles desde el punto de vista de la salud pública y amenazan la salud y la seguridad de los inmigrantes. Mientras que a los solicitantes de asilo no se les permite solicitar protección a lo largo de la frontera, incluidos los puertos de entrada, a los turistas vacunados y otros visitantes con visado se les ha permitido entrar en Estados Unidos a través de los puertos de la frontera sur desde noviembre de 2021. Esto pone de manifiesto la naturaleza discriminatoria de la situación en torno a los solicitantes de asilo [1151].

La práctica de crear colas de forma artificial en los pasos fronterizos del sur ha continuado, lo que ha provocado situaciones de riesgo para la vida de miles de inmigrantes y refugiados obligados a violar la ley estadounidense y cruzar la frontera por lugares inapropiados. El impacto más deplorable de este procedimiento se ha producido en los menores.

Las autoridades estadounidenses solían separar a las familias inmigrantes cuando cruzaban la frontera estatal para solicitar asilo en Estados Unidos. La ONG The American Civil Liberties Union señaló que se separaba sistemáticamente a los menores de sus familias [1152]. Se les enviaba a distintos centros de internamiento de inmigrantes. Se registraron más de 2.500 casos. 1.033 niños eran menores de 10 años y 185 menores de 5 años [1153]. 678 niños fueron separados con el pretexto de "tener antecedentes penales los padres". La ONG ha preparado 400 demandas contra las acciones de las autoridades estadounidenses antiinmigrantes, entre otras cosas para bloquear la expulsión de niños solicitantes de asilo en la frontera [1154]. Según el Washington Post, uno de cada diez de los 895 menores inmigrantes detenidos entrevistados por periodistas había sido insultado por agentes de la ley estadounidenses, y 147 adolescentes habían sufrido abusos físicos. Más del 40% de los encuestados dijeron que se les había privado de comida y agua durante su detención [1155].

En abril de 2020, más de 120 organizaciones de derechos humanos presentaron una petición al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la que llamaban la atención sobre la inadmisibilidad de cerrar la frontera sur a refugiados e inmigrantes. La petición también señalaba que las solicitudes de los solicitantes de asilo no se habían tramitado de la manera prescrita por el Derecho Internacional, y que se habían violado las normas mínimas para la protección de los derechos del niño. Subrayaba que unos 400 menores de Guatemala, Honduras, Cuba, El Salvador y México habían sido expulsados injustificadamente de Estados Unidos a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Como consecuencia, los adolescentes corrían el riesgo de ser víctimas de la trata. Muchos de ellos no iban acompañados de adultos o iban acompañados de personas no identificadas que no tenían relación alguna con los menores.

Los activistas de derechos humanos también señalan que durante la pandemia del COVID-19 se manifestó plenamente la actitud discriminatoria de las autoridades estadounidenses hacia los inmigrantes. En concreto, la administración de los centros de detención temporal para inmigrantes mostró desprecio por las personas que allí se alojaban, por la prestación de atención médica y por sus condiciones de vida. Un estudio conjunto de la ONG Phisisians for Human Rights y la Escuela de Medicina Harvard señala que, entre marzo y agosto de 2020, la tasa de incidencia del COVID-19 en las estaciones migratorias fue entre 5,7 y 21,8 veces mayor que en el conjunto del país. Según las entrevistas con inmigrantes de 22 de dichas instalaciones, las condiciones de vida eran peligrosas y se ignoraban las medidas de seguridad para evitar la propagación de la enfermedad. Debido al hacinamiento de los centros, la gente no podía mantener la distancia social y no había acceso a desinfectantes. Muchos pacientes tuvieron que esperar hasta 25 días para ver a un médico [1156].

En febrero de 2021, organizaciones de derechos humanos enviaron otra carta abierta al Departamento de Seguridad Nacional instándole a abandonar la expulsión y detención de inmigrantes porque esta práctica, que rechaza a las personas que solicitan asilo, viola las normas jurídicas internacionales y las obligaciones de Estados Unidos. La mayor preocupación de los activistas de derechos humanos era el proceso de expulsión acelerado [1157].

La Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos otorga a los estadounidenses el derecho a portar armas. Sin embargo, su disponibilidad, una legislación imperfecta y una actitud negligente hacia la salud mental de los ciudadanos hacen que el número de víctimas por armas de fuego aumente cada año.

Estados Unidos está a la cabeza en número de armas de fuego per cápita: 120,5 armas de fuego por cada 100 habitantes. En 2011, esa cifra era de 88 armas de fuego por cada 100 habitantes, lo que ya estaba muy por encima del resto del mundo en ese momento. En febrero de 2022, la revista Annals of Internal Medicine publicó un estudio según el cual 7,5 millones de adultos estadounidenses -alrededor del 3% de la población- compraron un arma por primera vez entre enero de 2019 y abril de 2021.

Según una encuesta del centro de investigación Pew Research Center realizada en junio de 2021, 4 de cada 10 adultos estadounidenses confirman tener un arma de fuego en su hogar, incluido el 30% que posee una personalmente.

En una encuesta de Gallup realizada en agosto de 2019, los propietarios de armas citaron con mayor frecuencia la seguridad o protección personal como la razón por la que poseen armas de fuego (63%). Otras razones incluyeron la caza (40%), ocio o deportes a nivel aficionado (11%),  las afirmaciones de que su arma era una antigüedad o una reliquia familiar (6%), o que estaba relacionada con su ocupación (5%) [1158].

Junto con el aumento de la circulación de armas, también creció el número de incidentes relacionados con su uso. En 2021 se produjeron 690 tiroteos masivos, en 2020, 611, y en 2019, 417.

A partir del 6 de diciembre de 2022, se han producido 622 tiroteos masivos en Estados Unidos [1159]. Los más graves son los ocurridos el 14 de mayo en un supermercado de Buffalo (Nueva York), donde un hombre armado de 18 años mató a 10 personas en un ataque de odio por motivos raciales, y el 24 de mayo en una escuela primaria de Uvalde (Texas), donde un hombre armado mató a 19 estudiantes (de entre 8 y 11 años) y a dos profesores. Otros episodios ocurrieron el 3 de abril en el centro de Sacramento, el 5 de abril en Corsicana (Texas) y el 23 de enero en Milwaukee, y en cada uno de ellos murieron 6 personas. El 19 de marzo, un tiroteo en un concesionario de automóviles de Dumas (Arkansas) causó un muerto y 27 heridos.

Según las estadísticas publicadas por el FBI, las armas de fuego están implicadas en una cuarta parte de los delitos violentos y en el 60% de los homicidios. Aproximadamente 8.500 delitos de odio al año contra minorías nacionales, religiosas y de otro tipo se cometen con armas de fuego [1160]. Cabe destacar que, a nivel federal, en Estados Unidos no se prohíbe la compra de pistolas, escopetas y otras armas de este tipo a las personas con antecedentes penales por cualquier delito leve.

Según las estadísticas de las organizaciones de derechos humanos, más de 15.000 personas fueron asesinadas a tiros en Estados Unidos en 2019 y, a finales de mayo de 2021, el número total de muertes en tales incidentes ascendía a 17.147 [1161]. Si nos fijamos en un mapa que marque la ubicación de estos incidentes, el panorama más sangriento se presenta en los estados adyacentes a la costa este de Estados Unidos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, un total de 45.222 personas murieron por heridas de bala de homicidio o suicidio en 2020. Esta cifra supone un máximo histórico, un 25% más que en 2015 y un 43% más que el número de víctimas de 2010. En 2019, 38.355 personas murieron por armas de fuego. Los tiroteos masivos y los homicidios con armas de fuego tienden a recibir más atención mediática, pero las estadísticas muestran que la mayoría de los episodios de violencia con armas de fuego son suicidios.

La ONG Amnesty International, tras revisar los últimos datos oficiales disponibles sobre muertes por arma de fuego, llegó a la decepcionante conclusión de que más de la mitad de las muertes en Estados Unidos (58,5%) son afroamericanas [1162].

Otro problema relacionado con el uso de armas es que los funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley a menudo se guían por la fuerza y utilizan armas de fuego y otros medios de coerción o abuso sin tener en cuenta la necesidad real de prevenir amenazas a sus vidas por parte de los alborotadores. La elaboración de perfiles raciales está estrechamente relacionada con este problema, ya que los no blancos son los más afectados por los excesos policiales.

Los activistas de derechos humanos señalan la falta de programas sociales para los supervivientes de este tipo de violencia, así como graves problemas con el sistema de compensación material a las víctimas. El elevado coste de la asistencia psicológica en Estados Unidos no permite a quienes la necesitan acudir a especialistas.

Los defensores de los derechos humanos estadounidenses continúan su campaña en favor de una regulación legislativa más estricta de la circulación y el uso de armas de fuego, lo que produce algunos resultados. Así, algunos estados han promulgado actos jurídicos pertinentes.

En California, la edad mínima a partir de la cual un ciudadano puede adquirir un arma se elevó de 18 a 21 años a partir del 1 de enero de 2019. El estatuto, sin embargo, contiene una lista bastante extensa de exenciones: personal militar, agentes del orden, titulares de licencias de caza. Además, establece que cualquier persona condenada después del 1 de enero de 2019 por ciertos tipos de delitos de violencia doméstica tiene automáticamente prohibido poseer un arma de fuego. Los legisladores también ampliaron esta restricción a los ciudadanos con enfermedades mentales que hayan sido tratados en régimen de hospitalización más de dos veces en un año. Los californianos deberán realizar un curso obligatorio de ocho horas sobre seguridad con armas de fuego. El 1 de julio de 2019 entró en vigor la obligación de que los vendedores de armas de fuego realicen una comprobación de antecedentes del comprador en los registros del Departamento de Justicia de Estados Unidos para asegurarse de que no existen prohibiciones para este tipo de transacciones.

En Illinois, para prevenir incidentes con armas de fuego, se ha establecido un sistema para retirar las armas de fuego a las personas que supongan un peligro público durante un periodo de dos semanas a seis meses. Los familiares, los representantes de comunidades religiosas, los empleados de instituciones educativas y los empleadores pueden presentar solicitudes con dicha petición a las fuerzas del orden.

Sin embargo, según expertos y juristas, las medidas adoptadas para frenar la violencia son claramente insuficientes [1163]. Se espera que la administración apruebe una normativa federal que restrinja la circulación de armas de fuego y proteja el derecho a la vida.

En 2022, el Presidente Biden propuso nuevas restricciones al acceso a las armas de fuego para hacer frente a la violencia, que va desde el aumento de las tasas de homicidio en algunas grandes ciudades hasta los tiroteos masivos. Se planea aumentar la edad mínima para comprar armas de fuego de 18 a 21 años, así como reforzar la verificación de antecedentes de los posibles compradores.

Una encuesta del Pew Research Center de abril de 2021 reveló que los estadounidenses tienen opiniones diversas sobre la violencia armada. A pesar del número de incidentes relacionados con el uso de armas de fuego, menos de la mitad (48%) de los estadounidenses cree que la violencia armada es hoy un problema muy grave en el país, mientras que aproximadamente 3 de cada 10 lo consideran un problema pequeño (22%) o dicen que no constituye un desafío (6%).

Mientras tanto, varios estados siguen levantando las restricciones a la libre portación de armas. En junio de 2021, el gobernador de Texas, Gregory Abbott, promulgó una ley que permite a los residentes portar armas de fuego sin licencia ni formación. El 12 de abril de 2022 se aprobó una ley similar en el estado de Georgia.

Las autoridades estadounidenses siguen ocultando casos de tortura y trato inhumano y degradante de detenidos en el tristemente célebre centro de detención de Guantánamo.

A finales de octubre de 2022, Estados Unidos seguía reteniendo a 35 de los casi 800 hombres y niños llevados a Guantánamo entre 2002 y 2008. 27 de los restantes nunca fueron acusados. Muchos carecen de atención médica adecuada o incluso de acceso a sus historiales médicos. El sistema de comisiones militares establecido para procesar a los sospechosos en Guantánamo es fundamentalmente defectuoso [1164].

Como se desprende del informe del Ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso de 2022 sobre los casos más sonados de violaciones de derechos humanos en determinados países del mundo, las autoridades estadounidenses no respetan los principios de un juicio y procedimientos justos. El ejemplo de Guantánamo es una vívida ilustración de ello. Se priva a los acusados de derechos básicos [1165], incluida la defensa judicial. En agosto de 2020, el Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia (juez Neomi Rao) dictaminó que los detenidos de Guantánamo no tenían derecho a acceder a la justicia y a las garantías procesales en virtud de la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense [1166]. Los cinco presos acusados de planear los atentados del 11S aún no habían sido juzgados en aquel momento.

Los principales diarios estadounidenses (New York Times y Los Angeles Times) han informado repetidamente de numerosos casos de tortura y malos tratos infligidos a prisioneros en Guantánamo, como privación del sueño, exposición al ruido y ahogamiento simulado. Estos hechos fueron reconocidos, entre otros, por el ex psicólogo de la CIA James Mitchell, que participó en el desarrollo de las "técnicas de interrogatorio mejoradas" [1167], así como por el juez de la comisión judicial militar, coronel Douglas Watkins [1168]. En particular, este último informa de torturas y otras técnicas de interrogatorio degradantes contra el ciudadano indonesio Majid Khan y otros acusados. Estas prácticas viciosas constituyen una violación flagrante de la Constitución estadounidense y de sus obligaciones jurídicas internacionales [1169]. En 2019, bajo la influencia de años de abusos físicos y psicológicos, el preso Sharqawi al Hadj intentó suicidarse [1170]. La cuestión de la tortura en esta prisión también ha sido destacada por la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin. En su opinión, las condiciones actuales en Guantánamo constituyen circunstancias que entran dentro de la definición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con arreglo al Derecho Internacional.

Según Fox News y New York Times, 9 detenidos han muerto en Guantánamo en los últimos ocho años, algunos de ellos en circunstancias muy misteriosas [1171]. Uno de los casos más famosos, gracias a la publicidad mediática, fue la muerte del ciudadano yemení Adnan Latif [1172]. En febrero de 2021, en Sudán, un antiguo interno de un centro especial de aislamiento, Ibrahim Idris, murió a la edad de 60 años. Como señala el New York Times, su muerte se debió en gran medida al deterioro de su salud y a las enfermedades adquiridas en Guantánamo [1173].

Según la profesora de la Universidad de Boston, Sondra Crosby, el sistema penitenciario es incapaz de satisfacer las necesidades mínimas de los presos en cuanto a tratamiento y mantenimiento de un nivel normal de salud. A menudo, las necesidades de los reclusos que han sufrido torturas y otros malos tratos son simplemente ignoradas por la administración militar de la instalación [1174]. 

Al mismo tiempo, los principales medios estadounidenses señalan que se gastan decenas de millones de dólares al año en el mantenimiento de dicha instalación [1175]. Los periodistas del New York Times calculan que solo en 2017 se destinaron más de 540 millones de dólares al mantenimiento del centro penitenciario.

Los organismos de derechos humanos piden regularmente el cierre de la prisión. Las ONG Center for Victims of Torture, Human Rights First y National Religious Campaign Against Tortures exigen la abolición inmediata de la prisión. Para ello, han presentado un programa de recomendaciones [1176]. La ONG Amnesty International ha pedido al gobierno estadounidense que ponga fin a las violaciones de derechos humanos en Guantánamo y cumpla estrictamente sus obligaciones jurídicas internacionales, absteniéndose de practicar la tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes [1177]. En enero de 2021, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigieron el cierre del centro de detención de Guantánamo y el traslado de los casos de los prisioneros a tribunales civiles. Los expertos señalaron que la propia existencia de la prisión es incompatible con las obligaciones jurídicas internacionales de Washington [1178].

La intención de cerrar la prisión fue declarada hace más de una década por el ex jefe de la Casa Blanca, Barack Obama. Durante la carrera electoral de 2020, Biden también dijo lo mismo.  Tales intenciones fueron posteriormente confirmadas en repetidas ocasiones por el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, el secretario de Estado, Antony Blinken, y la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horne. 

Sin embargo, según varios expertos estadounidenses, la instalación seguirá existiendo en los próximos años debido en gran parte a obstáculos políticos y legales [1179].Se espera que la estrategia para cerrar la prisión se centre inicialmente en reducir el número de presos repatriándolos o encontrando otros países que los acepten. Hasta la fecha, se desconoce el calendario concreto para el cierre de la prisión especial [1180].

Durante muchos años, Estados Unidos ha ocupado el primer puesto mundial en cuanto a población carcelaria. Según las estadísticas oficiales, en los últimos 40 años el número de personas encarceladas casi se ha cuadruplicado (es decir, aumentó en un 700%), y el número de estadounidenses condenados ha superado la barrera de los 2,3 millones [1181]. Otros 4,5 millones fueron condenados en libertad condicional o puestos en libertad bajo palabra. Esto provoca un grave hacinamiento en las cárceles. Las ONG de derechos humanos también señalan el creciente número de mujeres encarceladas en algunos estados [1182].

En Estados Unidos son frecuentes los casos de abuso de autoridad por parte de los guardianes de prisiones. Los presos suelen ser sometidos a torturas y tratos humillantes. El trato inhumano a los reclusos se manifiesta, entre otras cosas, en la escasa atención médica que se les presta, así como en las insatisfactorias condiciones sanitarias e higiénicas de detención.

Se han dado repetidos casos de agentes de policía que se extralimitan en sus funciones con respecto a personas detenidas y sospechosas de haber cometido delitos durante procesos de investigación. El número de tales precedentes sugiere la naturaleza sistémica del problema en el sistema penitenciario estadounidense. El informe anual del Ministerio de Justicia dice de altos índices de delitos sexuales y violentos cometidos por funcionarios de prisiones contra presos y personas investigadas.

Por ejemplo, una investigación sobre un incidente ocurrido el 21 de julio de 2020 dio lugar al despido de los funcionarios de la cárcel del condado de Lewis (Arizona). Reveló que el funcionario responsable de la supervisión de los presos, Mark Hasz, y el jefe en funciones del centro penitenciario, Shaun Holland, habían recurrido al uso injustificado de la fuerza contra uno de los reclusos. En particular, Hasz infligió lesiones corporales a la víctima en presencia de testigos. Así lo demuestra la grabación de vídeo difundida de la cámara de vigilancia interna. Dicho acto delictivo está castigado con penas de hasta prisión [1183].

El 9 de noviembre de 2020, dos agentes de policía del condado de Schenectady (Nueva York) golpearon a un ciudadano al que habían detenido. Tras una investigación, los culpables fueron expulsados del cuerpo. Se abrió una causa penal contra ellos [1184].

El 14 de noviembre de 2020, el funcionario de la prisión de Valdosta (Georgia), Brian Ford, fue declarado culpable de uso injustificado y excesivo de la fuerza contra un preso. Las actas judiciales indican que el funcionario condujo deliberadamente a un preso esposado al patio de la prisión y lo golpeó [1185].

Ha habido casos en los que las víctimas han conseguido que se incoen procesos penales, aunque después de varios años. Por ejemplo, un funcionario de la prisión del condado de Cheatham (Tennessee), Mark Bryant, no fue procesado hasta 2020 por el uso injustificado de una pistola eléctrica contra un recluso en noviembre de 2016 [1186]. El tribunal lo condenó a cinco años de prisión. Los defensores de los derechos humanos suelen calificar estos veredictos de excesivamente indulgentes.

Un funcionario del centro penitenciario de Hawái, Jordan DeMattos, fue declarado culpable de ocultar el uso de la fuerza contra reclusos por parte de sus compañeros en 2015, de falsificar testimonios y de conspirar. Según la legislación estadounidense, el acusado se enfrenta a un total de hasta 35 años de prisión [1187].

El mayor número de episodios violentos contra reclusos se registra en Dublín (California). En 2020 se presentaron 422 denuncias, cuatro de las cuales fueron admitidas a trámite y el resto están siendo investigadas [1188].

La institución del aislamiento solitario plantea un problema aparte. Muchas personas son recluidas en celdas de aislamiento incumpliendo los plazos establecidos por la ley. Los reclusos sometidos a esta medida son internados en las llamadas unidades de vivienda especiales (Special Housing Units (SNUs, por sus siglas en inglés). Las faltas graves que ponen en peligro la salud y la seguridad de otros presos y/o del personal penitenciario pueden ser motivo de endurecimiento del régimen.

Según la ONG Equal Justice Initiative, en noviembre de 2020 había más de 60.000 presos en régimen de aislamiento en Estados Unidos.

Los activistas de derechos humanos consideran atroz la situación del convicto Tyquine Lee, que permaneció en régimen de aislamiento en una prisión estatal de Virginia durante más de 600 días. Su caso se complica por el hecho de que el preso tiene antecedentes de enfermedad mental grave. Su madre dice que su hijo fue intimidado sin piedad en la celda de castigo, lo que le provocó un grave agotamiento mental y físico. El hombre llegó a pesar menos de 45 kilogramos y era prácticamente incapaz de hablar [1189].

Varias organizaciones de derechos humanos y oficinas de estadística constatan el creciente número de muertes de presos en las cárceles estadounidenses. Entre las causas figuran tanto la negligencia del personal como el aumento de los conflictos en las prisiones.

El 1 de marzo de 2022, Terry Jones, de 46 años, murió tras ser apuñalado en el centro penitenciario Easterling de Clio (Alabama). Llevó encarcelado casi 15 años de una condena de 20 años por allanamiento de morada. Según los informes, la agresión pasó desapercibida por falta de supervisión adecuada. Pasaron varias horas antes de que Jones recibiera atención médica.

Al día siguiente, William Jennings, de 49 años, fue golpeado hasta la muerte en una celda de la misma prisión [1190].

Otro episodio ocurrió el 14 de febrero de 2022 en el estado de Florida. Un recluso falleció en una camioneta tras recibir una fuerte paliza por parte de tres oficiales. El motivo de la agresión fue que el preso vertió orina sobre los funcionarios cuando le sacaban de su celda. El recluso no ofreció resistencia, fue esposado y obedeció las órdenes. Tres funcionarios fueron detenidos y acusados de asesinato en segundo grado [1191].

La violencia letal continúa sin cesar y sin castigo, lo que lleva a los fiscales federales a demandar al Departamento Correccional de Alabama por no abordar las condiciones inconstitucionalmente peligrosas y abusivas de las prisiones municipales.

Los defensores de los derechos humanos enfatizan que el asesinato de Jones, entre varios otros reclusos, podría haberse evitado si el Departamento Correccional de Alabama hubiera tomado medidas significativas para corregir la "supervisión inadecuada" que los investigadores federales han identificado como una crisis de 2019.

Estados Unidos ha sido criticado por varios otros defectos del sistema penitenciario. Por ejemplo, la detención preventiva prolongada sigue vigente en el país. Conforme a la ley, el juicio preliminar no debe durar más de 70 días [1192]. Sin embargo, el proceso suele durar más tiempo. Esto se justifica formalmente por la complejidad del caso o la abundancia de materiales sobre el mismo. El sistema de derecho basado en el precedente permite al juez fijar arbitrariamente los plazos procesales e ir más allá de los límites establecidos por los estatutos y otras normativas.

En Estados Unidos se están creando instituciones penitenciarias privadas. Según las estadísticas de la ONG Sentencing Project, en 2019 albergaban al 8,1% (casi 116.000 personas) de todos los presos estadounidenses [1193]. Al mismo tiempo, el número de ciudadanos alojados en dichas instituciones aumentó un 39% entre 2000 y 2020. Los "líderes" en cuanto al número de condenados en prisiones no estatales son los estados de Texas y Nuevo México. Varias regiones del país han registrado aumentos espectaculares del número de reclusos en centros penitenciarios privados en los últimos 20 años: Arizona (480%), Indiana (313%), Ohio (253%), Dakota del Norte (221%), Florida (205%), Montana (125%), Tennessee (118%) y Georgia (110%) [1194].

Según los defensores de los derechos humanos, los derechos de los reclusos en estas instituciones se niegan mucho más que en las prisiones estatales. Por lo general, estas estructuras penitenciarias se crean con fines lucrativos. Las prisiones privadas reciben de las autoridades pagos garantizados por cada recluso, independientemente de los costes reales de su mantenimiento. En este sentido, a la administración penitenciaria le interesa reducir al máximo el gasto en presos. "Ahorrar dinero" se consigue reduciendo el número de guardias, minimizando el coste de la alimentación y el tratamiento médico de los presos, etc.

Debido al uso generalizado de la detención como medida preventiva en Estados Unidos, los derechos de la población que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza se ven considerablemente vulnerados. Dado que la situación económica de la mayoría de los acusados no les permite pagar una fianza para quedar en libertad durante la investigación, los ciudadanos se ven obligados a permanecer entre rejas sin cargos durante toda la investigación.

Tradicionalmente, las organizaciones de derechos humanos American Civil Liberties Union y Equal Justice Initiative llaman la atención sobre la calidad de la atención médica prestada a los detenidos en las cárceles estadounidenses. La actitud negligente del personal médico respecto a sus obligaciones oficiales es a menudo la causa del deterioro de la salud de los reclusos o incluso de su muerte.

Las ONG informan de manera periódica a la opinión pública y a los medios sobre casos atroces de negligencia por parte del personal penitenciario, denegación de atención médica y medicamentos necesarios para que los presos mantengan su salud. Esto es especialmente cierto  en el contexto de la pandemia del COVID-19 que ha causado daños significativos a la salud de miles de presos en Estados Unidos. El tratamiento para el COVID-19 consistió en una serie de remedios muy sencillos destinados a combatir el resfriado común [1195]. A este respecto, la ONG American Civil Liberties Union, de Virginia, ha constatado un aumento de las quejas de los presos por la denegación de atención médica [1196].

Estados Unidos lidera el mundo en número de menores privados de cualquier forma de libertad [1197]. Según la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia, se han registrado más de un millón de causas penales contra menores [1198]. Muchos menores están implicados en procesos judiciales como si fueran adultos, cumpliendo condena en penitenciarías generales [1199]. Dicho esto, según la ex juez de distrito Marcia Morey, los adolescentes necesitan ayuda, no castigo, pero sus gritos de ayuda se convierten con demasiada frecuencia en crímenes [1200].

Las dos últimas décadas han traído enormes cambios al sistema de justicia juvenil estadounidense: casi todos los estados han reducido a la mitad o más el número de jóvenes detenidos, favoreciendo la libertad condicional, la terapia y los programas comunitarios para todos los delincuentes, salvo los más graves. Sin embargo, el sistema aún está lejos de ser ideal: muchos menores no reciben una representación legal de calidad, los índices de reincidencia entre los jóvenes internados en centros de detención de menores son elevados debido a la ineficacia de los programas de rehabilitación, y los funcionarios estatales y locales pagan instalaciones en las que el 70% de las camas están desocupadas [1201].

En este sentido, es muy destacable la situación en el estado de Virginia.

La directora ejecutiva de Rise for Youth, un grupo que aboga por los adolescentes en el sistema de justicia juvenil, Valerie Slater está particularmente preocupada por las disparidades raciales. Según un informe de la Comisión Conjunta de Auditoría y Revisión Legislativa (JLARC, por sus siglas en inglés) de Virginia, en la última década los jóvenes negros entraron en el sistema de justicia juvenil 2,5 veces más que los blancos. El informe recomienda requisitos de formación adicionales para combatir el problema de las disparidades raciales. Sin embargo, según Slater, la cuestión requiere un estudio más sistemático.

Los autores del informe también entrevistaron a jueces, fiscales y abogados defensores que afirmaron que los jóvenes suelen recibir una representación legal deficiente. Los entrevistados confirmaron que los problemas eran más frecuentes con los abogados de oficio, que cobran mucho menos en Virginia que en otros estados. Algunos abogados no conocían bien la legislación de menores y a veces no pasaban suficiente tiempo con los clientes antes de representarlos ante el tribunal.

El informe detectó una tasa de reincidencia de casi el 70% entre los jóvenes liberados de los centros de detención de Virginia. Este hecho llevó a los autores a concluir que los programas de rehabilitación supervisados por el Departamento de Justicia Juvenil del estado no eran muy eficaces [1202].

En los últimos años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha investigado los malos tratos en instalaciones para menores de Texas. Se han descubierto numerosos episodios de abusos a menores en las prisiones: los adolescentes son esposados, engrillados y golpeados, se rocía el contenido de aerosoles de pimienta en el interior de las instalaciones [1203]. Otro abuso es el internamiento de los presos menores de edad en celdas disciplinarias. La reclusión en régimen de aislamiento, combinada con la violencia empleada, hace que los menores se autolesionen e intenten destruir camas, lámparas y paredes, lo que provoca lesiones y la necesidad de atención médica [1204].

La Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría y la ONU han condenado la práctica de aislar a los jóvenes por ser extremadamente perjudicial, ya que provoca depresión, ansiedad y psicosis. Los estudios demuestran que la mayoría de los niños que mueren por suicidio en prisión están o han estado recientemente en régimen de aislamiento. Al menos 24 estados y el gobierno federal han establecido límites estrictos al uso del confinamiento solitario para los jóvenes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intervenido en al menos una docena de casos en los que estaban implicados organismos estatales y locales de justicia juvenil durante la última década para dejar claro que el uso excesivo del régimen de aislamiento para jóvenes es inconstitucional.

Los defensores de los derechos humanos de la ONG American Civil Liberties Union informan de que varias legislaturas estatales están empeorando con sus decisiones la situación de los delincuentes juveniles. La edad mínima de responsabilidad penal se rebaja constantemente y se amplía la lista de delitos por los cuales los menores pueden ser privados de libertad [1205].

Debido a la propagación del COVID-19, la ONG Southern Poverty Law Center apeló al Tribunal Supremo de Alabama para que tomara medidas inmediatas para liberar a los menores de los centros de detención especiales. En estas instituciones, los menores están expuestos a un mayor riesgo de suicidio, depresión y otros trastornos mentales, así como de contagio de enfermedades infecciosas.

Hasta hace relativamente poco, la situación del ciudadano ruso Konstantín Yaroshenko, recluido en la prisión de Danbury (Connecticut), hasta su puesta en libertad en abril de 2022, era particularmente preocupante. Las condiciones de detención en la instalación no resisten las críticas. Por lo tanto, el ruso fue recluido en una celda hacinada diseñada para varias decenas de presos. A pesar de las graves enfermedades crónicas de Yaroshenko, no se le proporcionó atención médica adecuada. Durante varios años se le negaron incluso las prótesis dentales. A pesar de las decenas de casos de infección por el COVID-19 en la prisión, a todas las personas se les proporciona solo una mascarilla médica a la semana. Las pruebas del COVID-19 se retrasaron hasta después de que muchos presos hubieran muerto.

La situación de los rusos Román Selezniov y Oleg Nikitin, que cumplen largas condenas de prisión, no es mejor. A pesar de las solicitudes de los defensores de los derechos humanos (las ONG Human Rights Watch, Sentencing Project y Amnesty International) y de las recomendaciones de la Oficina Federal de Prisiones para que liberen a nuestros compatriotas por razones humanitarias, las autoridades estadounidenses hacen caso omiso de los llamamientos. Tampoco tienen en cuenta el hecho de que estas personas han sido condenadas por delitos no violentos, padecen varias enfermedades graves o ya han cumplido más de la mitad de su condena. Una de las pocas excepciones fue Víktor But, quien, al igual que Yaroshenko, fue liberado de una prisión estadounidense en diciembre de 2022 solo como resultado de muchos años de persistentes esfuerzos por parte rusa.

En general, cabe señalar que actualmente hay unos cien rusos detenidos en prisiones y centros de detención preventiva de Estados Unidos. La mayoría de ellos cumplen condena por delitos no violentos (violación de las leyes de inmigración, fraude, robo, etc.). La falta de datos precisos sobre el número de compatriotas encarcelados se explica por el hecho de que la parte estadounidense dista mucho de notificar siempre a las misiones diplomáticas rusas su puesta en libertad.

Una vez en manos de la justicia estadounidense, los ciudadanos rusos suelen enfrentarse a actitudes prejuiciosas por parte de las autoridades de investigación y los tribunales. Se les somete a medidas psicológicas. Mediante diversos métodos, incluidas las amenazas directas, se les intenta inducir a que se confiesen culpables y lleguen a un acuerdo con la investigación, a pesar de lo inverosímil de los cargos, y si se niegan, se les condena a penas de prisión significativas. En los centros penitenciarios estadounidenses no se proporciona regularmente a los rusos atención médica cualificada. Su difícil situación se ha visto agravada por la propagación del COVID-19.

Además, continúa sin disminuir la práctica inaceptable de detener a ciudadanos rusos en terceros países a petición de las fuerzas del orden estadounidenses, cuando, de hecho, se está produciendo una aplicación extraterritorial ilegal de la legislación estadounidense contra ellos. Desde 2008, se han producido más de 50 casos de este tipo. En particular, en 2020, fueron extraditados a Estados Unidos los ciudadanos rusos Pájtusov, de España, y Grichishkin, de Estonia. En 2021, Kliushin fue extraditado de Suiza a Washington. En 2022, Grecia extraditó a Vínnik, y Tailandia, a Ukraínski. Todos ellos se enfrentan a largas penas de prisión si son condenados. En estas circunstancias, los diplomáticos rusos hacen todo lo posible para ayudar a sus compatriotas.

En 2013, las revelaciones de Edward Snowden sobre la amplitud de la vigilancia por parte del gobierno estadounidense conmocionaron al mundo. El público se enteró de los programas PRISM y Upstream de la NSA, en los que la NSA colaboraba estrechamente con empresas como Google, Facebook, AT&T y Verizon para llevar a cabo una vigilancia sin orden judicial de las comunicaciones internacionales de los estadounidenses a escala masiva.

Funcionarios de inteligencia también han admitido que la NSA ha llevado años recopilando en secreto registros de las llamadas telefónicas de prácticamente todos los estadounidenses: quién llama, a quién, cuándo se realizan esas llamadas y cuánto duran. Además, los informantes y medios han revelado que la NSA llevó a cabo vigilancia masiva en el extranjero, sin ningún tipo de supervisión judicial, bajo algo llamado Orden Ejecutiva 12333 [1206]. En 2013, se informó de que la CIA pagaba a AT&T 10 millones de dólares al año para acceder a los datos de llamadas de la compañía [1207].

En septiembre de 2020, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos determinó que el programa de vigilancia ciudadana de la NSA viola la Constitución y la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera de 1978 (FISA, por sus siglas en inglés) [1208].

Las agencias de inteligencia estadounidenses siguen utilizando sin control mecanismos de vigilancia electrónica tanto contra ciudadanos extranjeros como estadounidenses para obtener información sobre sus contactos a través del correo electrónico, las redes sociales y los mensajeros. Al mismo tiempo, se producen violaciones sistemáticas de los procedimientos legales de vigilancia, como la divulgación indebida de información a terceros, la no notificación oportuna al tribunal cuya autorización se requiere, el suministro de información no verificada a los tribunales, etc.

Estados Unidos sigue siendo el único país occidental desarrollado con la pena de muerte como castigo más grave. Se aplica en 27 estados y a nivel federal.

En 2003 se introdujo una moratoria de facto sobre la pena de muerte a nivel federal. Sin embargo, en julio de 2020 se reanudó la práctica de la pena capital por decisión del Tribunal Supremo [1209].

Desde la década de 1970, más de 8.500 personas han sido condenadas a muerte en Estados Unidos. A mediados de la década de 1990, el número de sentencias de muerte anuales alcanzó un máximo de más de 300 al año. En los últimos 25 años, ese número ha disminuido en más del 80% y se ha mantenido cerca de un mínimo histórico desde 2015. En 2022, se ejecutaron 11 sentencias [1210].

En la última década, varias sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos han limitado el uso de la pena de muerte. El Tribunal ha abolido la pena de muerte para delincuentes con retraso mental (Caso Atkins contra Virginia, 2002) y menores de edad (Caso Roper contra Simmons, 2005), declarando que la ejecución de estas personas es inconstitucional.

Según la ONG Death Penalty Information Center, la mayoría de los condenados a la pena capital son afroamericanos, latinoamericanos u otras "minorías" étnicas [1211]. A menudo, debido a errores judiciales, se dictan sentencias de muerte contra ciudadanos inocentes. Por ejemplo, la ONG Amnesty International informa de que un total de 156 personas fueron condenadas a la pena capital sin justificación. Al mismo tiempo, más de la mitad de este grupo de personas pertenecían a minorías nacionales.

En relación con la ejecución forzosa de condenas a muerte, que muchos expertos vincularon al cambio de administración, el 22 de diciembre de 2020, un grupo de senadores demócratas encabezados por Elizabeth Warren (Massachusetts) pidió al Inspector General del Departamento de Justicia estadounidense, Michael Horowitz, que iniciara una investigación contra la actual administración por reanudar las ejecuciones a nivel federal. Según los legisladores, tal medida contradice la práctica de aplicación de la ley establecida en esta área [1212].

Cabe señalar que el castigo en forma de privación de la vida de delincuentes en Estados Unidos ha sido condenado en repetidas ocasiones por la comunidad internacional.

Los periodistas, legisladores y las ONG siguen llamando la atención sobre las numerosas violaciones de las normas legales sobre protección de datos personales por parte de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia estadounidenses [1213]. Los activistas de derechos humanos enfatizan el carácter sistémico de los abusos y consideran que las prácticas existentes en el país para controlar las comunicaciones electrónicas de los estadounidenses son una grave amenaza para el derecho constitucional a la privacidad, a la libertad de expresión y reunión [1214]. Se observa que los representantes de minorías nacionales y religiosas, incluidos afroamericanos, asiáticos, musulmanes, etc., se ven especialmente afectados por las acciones de los servicios de inteligencia [1215].

En diciembre de 2020, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional inició una revisión interna tras revelarse que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), bajo la jurisdicción del DHS, estaba adquiriendo información personal de ciudadanos a terceras empresas comerciales. Según Vox, citando al Wall Street Journal, la CBP, entre otras cosas, utilizó datos de teléfonos móviles obtenidos ilegalmente de Venntel para rastrear los movimientos de estadounidenses y extranjeros a través de la frontera [1216].

Además, en junio de 2020, el Wall Street Journal supo que, en 2017-2018, el FBI y el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) también compraron datos personales a Venntel, X-Mode y Babel Street eludiendo la legislación vigente, con la supuesta esperanza de utilizarlos para luchar contra el blanqueo de capitales, la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. Esta información se hizo pública pocos años después, durante una rueda informativa de la dirección del IRS para la oficina del senador Ron Wyden [1217].

Las organizaciones de derechos humanos y los periodistas han señalado en repetidas ocasiones la ausencia en Estados Unidos de un documento legal que contenga normas claras y detalladas sobre cuándo las autoridades competentes pueden acceder a los datos personales de los ciudadanos, incluida su correspondencia personal.

La Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera de 1978 (FISA, por sus siglas en inglés) [1218] otorga esencialmente poderes ilimitados a las agencias de inteligencia para espiar a representantes de países extranjeros y a ciudadanos estadounidenses en contacto con ellos. Una vívida ilustración de esta práctica son los abusos de inteligencia descubiertos en el curso de las escuchas telefónicas de conversaciones entre empleados de la sede electoral Trump y representantes rusos. Estamos hablando, en primer lugar, de la "desclasificación" de conversaciones entre el ex asesor de seguridad nacional del Presidente y el ex embajador ruso en Estados Unidos (transcripciones de conversaciones de 2016-2017 interceptadas por la comunidad de inteligencia estadounidense). Al mismo tiempo, Trump manifestó públicamente su intención de vetar una serie de programas de vigilancia de la FISA, citando el abuso masivo de esta ley por parte de los servicios de inteligencia. En este sentido, cabe recordar también el escándalo que estalló en 2015 en Alemania, cuando periodistas alemanes hicieron público que la Canciller Angela Merkel había sido objeto de escuchas telefónicas por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses.

En su informe de 2019, la ONG Human Rights Watch señaló que la información de los dispositivos electrónicos de las personas es utilizada a menudo por las fuerzas del orden sin decisión judicial, supuestamente para "prevenir" delitos. Basándose en el contenido de la correspondencia de los usuarios, las fuerzas de seguridad decidieron abrir investigaciones. Sin embargo, los tribunales rechazaron las solicitudes de divulgación de los métodos de investigación, guiándose por las disposiciones de las leyes sobre la posibilidad de  dar carácter confidencial a esa información. Por lo tanto, se priva a los acusados de la oportunidad de impugnar la vigilancia ilegal de que son objeto. Esto constituye una violación del derecho constitucional a un juicio completo.

Entre otras cosas, la policía estadounidense practica la vigilancia de ciudadanos con antecedentes penales. Nominalmente, el objetivo de la vigilancia es prevenir la reincidencia y reducir la delincuencia en determinados barrios. Pero en realidad, la vigilancia de los ciudadanos carece de base legal y se lleva a cabo sin las órdenes judiciales y los mandatos pertinentes de las fuerzas del orden superiores.

También se condena la práctica de las empresas transnacionales con sede en Estados Unidos de recopilar datos sobre los usuarios (datos médicos, creencias religiosas, políticas, etc.). Los activistas de derechos humanos han visto graves violaciones de los derechos humanos en el uso de los datos recopilados para aumentar los beneficios de los gigantes empresariales. Se afirma que las personas jurídicas controlan así a los ciudadanos y limitan su derecho a la libertad de expresión (Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos).

Más de 50 ONG de derechos humanos enviaron una carta abierta a los directivos de Google pidiéndoles que reconsideraran la política de la empresa de preinstalar algunos programas en los dispositivos Android y permitir a los usuarios eliminarlos. Según activistas de derechos humanos, muchos teléfonos inteligentes que funcionan con este sistema operativo contienen aplicaciones que no son visibles, pero que al mismo tiempo llevan a cabo una vigilancia encubierta de los propietarios a través del micrófono, la cámara y los datos de geolocalización [1219]. Los expertos en tecnología señalan que las aplicaciones preinstaladas son más comunes en los teléfonos de bajo coste. Por ejemplo, investigadores de la empresa antivirus Malware Bytes encontraron elementos maliciosos en dispositivos baratos asignados por las autoridades estadounidenses a personas con bajos ingresos en el marco del programa Assurance Wireless. Según los expertos, es muy probable que se instalen aplicaciones similares en otros dispositivos subvencionados por el Gobierno estadounidense [1220].

Otro motivo de preocupación para la comunidad de derechos humanos es el proyecto de Ley de Acceso Legítimo a Datos Cifrados (LAEDA, por sus siglas en inglés), presentado en el Senado en junio de 2020. Según sus autores, el proyecto de ley pretende prohibir la instalación de algoritmos de cifrado en dispositivos y aplicaciones móviles, así como imponer a las empresas de Internet la obligación de ayudar a las fuerzas de seguridad a acceder a la información cifrada. De hecho, según los expertos, este documento pondrá en peligro la privacidad y seguridad de los datos personales de los usuarios, ya que legitima la práctica de los servicios de inteligencia de piratear los teléfonos móviles y leer los datos personales de los usuarios. Otro peligro del proyecto es que la prohibición del cifrado permite a los atacantes acceder a la información personal de los usuarios [1221].

El uso de sistemas de reconocimiento facial por parte de las fuerzas del orden también es objeto de atención de los activistas de derechos humanos. Como afirma Amnesty International, dichos sistemas discriminan a los miembros de minorías nacionales. Se alega que, a la hora de identificar el aspecto, el software correspondiente suele fallar [1222]. Por ejemplo, la ONG American Civil Liberties Union informa de que, en abril de 2021, un residente en Detroit, Robert Williams, fue detenido por la policía durante más de 30 horas por supuestamente robar en una residencia. Más tarde se descubrió que había sido identificado incorrectamente por las cámaras de seguridad y el sistema de reconocimiento facial utilizados por las fuerzas del orden locales [1223].

En julio de 2021, más de 40 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos pidieron a las autoridades que prohibieran el uso de la tecnología de reconocimiento facial. Se afirma que las fuerzas del orden de la ciudad de Nueva York han utilizado injustificadamente unas 15.000 cámaras de vídeo para rastrear los movimientos de las personas [1224]

Hasta la fecha, Estados Unidos ha aprobado varias leyes que regulan el uso del reconocimiento facial. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen más autoridad para utilizar el sistema que otros organismos gubernamentales. Por ejemplo, Washington exige a las fuerzas y cuerpos de seguridad que obtengan una orden judicial para utilizar el reconocimiento facial, mientras que a otros organismos públicos se les exige que lo notifiquen públicamente, celebren una reunión y publiquen un informe. Los estados de Massachusetts y Utah exigen que las fuerzas del orden presenten una solicitud por escrito al organismo estatal que mantiene la base de datos antes de realizar una búsqueda por reconocimiento facial. En Maine, los oficiales tienen prohibido utilizar una coincidencia de reconocimiento facial como el único motivo para un registro o detención. En Nueva York, se ha presentado un proyecto de ley que prohibiría a los organismos gubernamentales conservar o compartir imágenes de reconocimiento facial con terceros sin previa autorización judicial [1225].

Sin embargo, según la publicación en línea WSWS, las agencias de inteligencia estadounidenses, principalmente el FBI, violan habitualmente la legislación. Según un informe de abril de 2021 de la Oficina del Jefe de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, se han revelado violaciones del procedimiento establecido para incautarse de la correspondencia electrónica de los ciudadanos e ignorar los requisitos de autorización judicial [1226]. Se observa que tales prácticas no solo se producen con respecto a extranjeros, sino que también se ven afectados ciudadanos estadounidenses. Tras hacerse público este hecho, varios legisladores exigieron explicaciones a las agencias de inteligencia [1227].

Además, como informa el portal en línea Vox, las agencias gubernamentales obtienen de forma rutinaria de compañías de medios estadounidenses la información personal de millones de usuarios de redes sociales, plataformas online y aplicaciones eludiendo la legislación vigente [1228]. Se ha argumentado que tales prácticas contradicen la decisión de 2018 del Tribunal Supremo en el Caso Carpenter contra Estados Unidos, que aborda la necesidad de autorización judicial para acceder a datos personales [1229]. Entre los culpables de abuso se encuentran el Departamento de Seguridad Nacional, el IRS, el FBI y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Los fallos de la tecnología de reconocimiento facial provocan detenciones erróneas y discriminación, y vulneran los derechos de los ciudadanos. Según los expertos, un 25% de los 18.000 departamentos de policía estadounidenses tienen acceso a estos sistemas [1230]. Para la identificación personal se utilizan bases de datos de permisos de conducir, que incluyen a más de la mitad de la población adulta de Estados Unidos. Los activistas de derechos humanos han señalado en repetidas ocasiones las deficiencias de estos sistemas y su parcialidad contra los miembros de minorías raciales y étnicas, especialmente los afroamericanos. En varios estados, no solo se pasa por el sistema de reconocimiento facial a los sospechosos de delitos comunes, sino también a los sospechosos de violar las leyes de inmigración. También se ha criticado el elevado coste de los propios sistemas y de su mantenimiento y modernización.

En julio de 2020 se produjo otro incidente similar en Detroit, cuando un hombre afroamericano, Michael Oliver, fue detenido bajo sospecha de haber forzado la puerta de un coche. Fue identificado por un sistema de reconocimiento como el autor del robo. La defensa de Oliver señaló el error porque tenía tatuajes, mientras que el verdadero autor en el vídeo de la escena del crimen no los tenía. Tras una comparación más detallada de las imágenes de Oliver con las del autor real, la policía, como en el caso de Williams, concluyó que la identificación era erróne [1231].

Tras la aparición de publicaciones en los medios sobre la identificación errónea de personas como intrusos y las críticas de la comunidad de derechos humanos por las detenciones de ciudadanos inocentes, la dirección de la policía de Detroit se vio obligada a admitir que el sistema de identificación aplicado es erróneo en el 96% de los casos [1232].

Los activistas de derechos humanos también descubrieron que, además de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las empresas individuales también utilizan sistemas de reconocimiento. En particular, se trataba de los propietarios de viviendas de alquiler que rastreaban a inquilinos afroamericanos de esta forma. En 2018-2019, varios inquilinos de pisos del barrio neoyorquino de Brooklyn impugnaron ante los tribunales la instalación de cámaras de reconocimiento facial por parte de la empresa arrendadora. Los residentes se enteraron de la introducción de los dispositivos por accidente, por un correo de obras de reforma. Como resultado de la presión pública y mediática, la empresa propietaria anunció en noviembre de 2019 que dejaría de instalar sistemas de reconocimiento facial en sus viviendas [1233].

Bajo los lemas de la "guerra global contra el terrorismo", Estados Unidos ha estado llevando a cabo de forma rutinaria un uso indiscriminado de la fuerza militar en el extranjero. Como es bien sabido, la maquinaria bélica estadounidense nunca se ha visto frenada por las bajas civiles, cuyo número no hace sino aumentar. Tales acciones han sido criticadas por las estructuras internacionales de derechos humanos y las ONG.

La agresión estadounidense más sangrienta después de 1945 fue la guerra de Vietnam. Entre 1965 y 1975 se lanzaron sobre el país un total de 3 millones de toneladas de bombas (200 kilogramos por cada norvietnamita). Fueron golpeados los territorios de Laos y Camboya. Solo en Laos se lanzaron más bombas que en la Alemania nazi. El número de vietnamitas aniquilados por las tropas estadounidenses puede ascender a dos millones. Si se tienen en cuenta las operaciones estadounidenses contra Camboya y Laos relacionadas con los combates en Vietnam, el número total de bajas podría superar los cuatro millones de personas.

Los crímenes de guerra estadounidenses contra civiles durante la guerra de Vietnam son ampliamente conocidos. Por ejemplo, en 1968, los soldados estadounidenses mataron a 500 civiles en el pueblo de My Lai. Los prisioneros fueron torturados y ejecutados. Además, en Vietnam, los estadounidenses llevaron a cabo un ecocidio al rociar la selva con el defoliante altamente tóxico Agente Naranja en un intento de negar refugio a los guerrilleros. El resultado fue un daño irreparable para la salud de unos tres millones de vietnamitas (incluyendo alrededor de un millón de casos de mutaciones congénitas). El personal militar estadounidense también sufrió, con intoxicaciones químicas por venenos y mutágenos que afectaron a su salud y a la de sus hijos.

La operación militar estadounidense contra Yugoslavia en 1999 causó el mayor desastre humanitario en Europa desde 1945. La masa total de municiones utilizadas fue de 21.000 toneladas (equivalente a cuatro bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima). Murieron más de 2.000 civiles y más de 6.000 resultaron heridos. El bombardeo empujó al 20% de la población del país por debajo del umbral de la pobreza, causó pérdidas económicas de hasta 100.000 millones de dólares y enormes daños medioambientales. Estados Unidos y sus aliados utilizaron ampliamente municiones que contenían uranio, aumentando las características tácticas y técnicas de bombas y proyectiles. Serbia sigue teniendo una incidencia anormalmente alta de cáncer y malformaciones en recién nacidos.

Como resultado de la "guerra global contra el terrorismo", el número de víctimas civiles no ha dejado de aumentar. Según el proyecto de la Universidad Brown, durante la Operación Libertad Duradera en 2001, murieron más de 66.000 civiles en Afganistán y Pakistán, entre ellos unos 150 reporteros y 500 empleados de las ONG humanitarias y de derechos humanos. Durante la Operación Tormenta del Desierto, las tropas de la coalición liderada por Estados Unidos mataron hasta 150.000 civiles iraquíes. La siguiente agresión contra Iraq en 2003 supuso la muerte de hasta 500.000 civiles (durante la fase activa de las hostilidades, hasta 2011). Si contamos los posteriores estallidos de violencia asociados a la estancia de los estadounidenses en el país, la cifra asciende a 700-750 mil personas.

Desde febrero de 2020, el Mando Central de Estados Unidos ha dejado de publicar estadísticas sobre las muertes durante las operaciones militares en el extranjero. Las organizaciones de derechos humanos señalan que el mando militar a menudo informa solo sobre la muerte de "terroristas", ignorando la muerte de civiles. Al mismo tiempo, la cúpula militar no ha creado hasta ahora un mecanismo eficaz para la investigación imparcial de las muertes de civiles, ni ha garantizado el acceso a la defensa jurídica y a una indemnización justa para los heridos y lesionados.

Activistas de derechos humanos sostienen que las cifras del Departamento de Defensa de Estados Unidos para 2020 sobre la muerte de 23 civiles durante operaciones militares en Iraq, Afganistán, Somalia, Yemen y Nigeria están muy infravaloradas [1234]. Según varias ONG, entre ellas Airwars, solo el año anterior podrían haber muerto al menos 102 [1235]. La ONG Amnesty International señala que las cifras citadas en el informe del Pentágono de 2019 sobre víctimas civiles también están distorsionadas [1236].

El uso de drones ha sido duramente criticado por el Colegio de Abogados de Estados Unidos [1237]. En diciembre de 2020, el Foreign Policy calificó el uso de los VANT en operaciones de combate por parte del ejército estadounidense de "símbolo de tiranía, opresión, anarquía e impunidad" y una de las razones de la radicalización de los musulmanes en todo el mundo [1238].

Las organizaciones de derechos humanos enfatizan que las estadísticas sobre muertes de civiles por primera vez desde el inicio de la operación estadounidense en Somalia en 2007 no se publicaron hasta abril de 2020 [1239]. Sin embargo, los mandos militares a menudo informan solo de la destrucción de terroristas, ignorando la muerte de civiles. Al mismo tiempo, la cúpula militar no ha establecido hasta ahora un mecanismo eficaz para la investigación imparcial de las muertes de civiles, ni ha garantizado el acceso a la defensa legal y a una reparación justa para los heridos y lesionados [1240].

En julio de 2021, Biden anunció la adopción de una estrategia para combatir el terrorismo en el exterior. Según los expertos, el 29 de agosto de 2021, con la mayoría de los soldados estadounidenses retirados de Afganistán y las bases regionales cerradas, el problema se hizo evidente.

Según la Oficina de Periodismo de Investigación (Bureau of Investigative Journalism, BIJ, por sus siglas en inglés), los ataques estadounidenses en Afganistán, Pakistán, Somalia y Yemen entre 2002 y 2020 han matado entre 10.000 y 17.000 personas. Se cree que entre 800 y 1.750 de ellas eran civiles [1241].

Las críticas por parte de las ONG y organizaciones internacionales como Amnesty International y la ONU alcanzaron su punto álgido durante el primer mandato de Obama, cuando autorizó ataques aéreos contra objetivos de guerra no declarados 10 veces más que George Bush. Sin embargo, todo esto no impidió que el Comité Noruego del Nobel concediera a Obama el Premio Nobel de la Paz 2009.

El repunte más notable de los ataques se produjo en Pakistán, donde en un momento dado el número de civiles muertos alcanzó el 10% del total de víctimas mortales. Entre 2011 y 2013, la administración Obama aplicó una norma de "casi certeza" de que no hubiera posibles víctimas civiles, lo que supuestamente permitió reducir de manera drástica el número de "civiles" muertos en Pakistán. Antes de aplicar esta política, la administración Obama llevó a cabo 263 ataques en los que murieron 607 civiles. Después de adoptar la norma de "casi certeza", hubo 167 ataques que mataron a 90 civiles.

Sin embargo, en 2017, el entonces Presidente estadounidense Trump relajó el restrictivo protocolo de Obama en favor de la norma "razonable", más indulgente, adoptada originalmente por la administración Bush, lo que dio lugar a un aumento significativo de la frecuencia de los bombardeos con el uso de vehículos aéreos tanto tripulados como no tripulados [1242]. El Costs of War señala que se produjo un aumento de más del triple en este tipo de incidentes entre 2017 y 2020. Un informe presentado en diciembre de 2019 demuestra que más de 700 civiles han muerto como consecuencia del uso de aviones y drones. Los expertos subrayan: se trata de una cifra récord desde el inicio de la campaña afgana en 2001 [1243].

El Presidente Biden ordenó  revisar los ataques de Estados Unidos e imponer plazos similares a la norma de "casi certeza" de Obama. Los investigadores temen que el incumplimiento de esa norma en el futuro siga exponiendo a los civiles a riesgos directos que podrían haberse evitado durante los ataques estadounidenses en el extranjero [1244].

A pesar del principio de libertad de expresión proclamado en la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, los expertos afirman que la situación real en este ámbito se está deteriorando rápidamente. Antes de que Biden asumiera el cargo, su predecesor fue acusado de organizar una campaña para desacreditar a los medios. Sin embargo, tras el cambio de administración, quedó claro que, a pesar de las declaraciones de los demócratas sobre su intención de restaurar la imagen de Estados Unidos como líder mundial en el ámbito de la libertad de expresión, la inmensa mayoría de los problemas a los que se enfrentan los trabajadores de la prensa siguen sin resolverse [1245].

Según los defensores de los derechos humanos, durante 2021 se produjeron 59 detenciones y 144 agresiones a periodistas en Estados Unidos (143 y 450, en 2020, y 9 y 40, en 2019  respectivamente). Las protestas y los actos multitudinarios de carácter político siguen figurando entre los lugares más peligrosos para trabajar.

Los periodistas han sido víctimas de acciones ilegales por parte de las fuerzas del orden y los servicios especiales en repetidas ocasiones. Se trata del uso de la fuerza física y medios especiales, detenciones ilegales, registros y confiscación de equipos, así como exigencias de revelar fuentes de información.

El US Press Freedom Tracker Project informa de que el 23 de abril de 2022, la fotoperiodista Jessica Rogers fue detenida en San Clemente (California), mientras cubría las acciones policiales durante el desmantelamiento de tiendas de campaña de personas sin hogar. Se le incautó su equipo profesional [1246].

En Estados Unidos se sigue debatiendo la necesidad de reformar la Sección 23 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que otorga inmunidad a las plataformas en línea frente a la responsabilidad por moderar los contenidos de los usuarios. La dirección de las populares redes sociales sigue gozando de absoluta impunidad en el espacio mediático, censurando declaraciones de personajes públicos, políticos y jefes de Estado que se consideran "incompatibles con las normas de la empresa". A pesar de las repetidas declaraciones de la administración sobre los planes para poner fin a la permisividad de los gigantes digitales, no se han producido avances significativos en este sentido. Además, Washington está utilizando activamente las capacidades tecnológicas de las empresas de medios para presionar a sus adversarios geopolíticos, principalmente a Rusia y China. En marzo de 2022, Meta y Google anunciaron el bloqueo de cuentas de medios rusos [1247]. El servicio de streaming Netflix se negó a emitir los programas de 20 canales de televisión rusos.

Los periodistas rusos que viajan a Estados Unidos se enfrentan a la prohibición de emitir en territorio estadounidense, a restricciones de acceso a actos oficiales y al bloqueo de sus cuentas bancarias. El proceso de expedición de visados de trabajo es complicado.

El sonado caso de Julian Assange, acusado de violar las leyes de espionaje, sigue en el punto de mira de la opinión pública y de los activistas de derechos humanos. El fundador de WikiLeaks sigue impugnando sin éxito la decisión de las autoridades británicas de extraditarlo a Estados Unidos, donde se enfrenta a cadena perpetua. Los expertos señalan el carácter altamente politizado del proceso. Las ONG American Civil Liberties Union, Human Rights Watch, Knight First Amendment Institute y Committee to Protect Journalists apelaron al Secretario de Justicia de Estados Unidos con la exigencia de detener la persecución del activista [1248]. En este contexto, se discute ampliamente la vigilancia de Assange durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres, organizada por los servicios de inteligencia estadounidenses con la ayuda de una empresa de seguridad privada española, así como los planes de la CIA para secuestrarlo y envenenarlo. Los observadores llaman la atención sobre los informes aparecidos en la prensa española según los cuales la Audiencia Nacional española ha citado a declarar al ex Secretario de Estado, Mike Pompeo, y al ex director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, William Evanina [1249].

A pesar del compromiso declarado de las autoridades estadounidenses con la libertad de expresión, en realidad los periodistas estadounidenses sufren una fuerte censura. Las grandes corporaciones mediáticas y la propia comunidad profesional ejercen presión sobre los reporteros a instancias de las autoridades, obligando a los periodistas a recurrir a la autocensura, es decir, a la distorsión deliberada o al silenciamiento de la información. La difusión de información que no se corresponde con el contenido de las directrices emitidas por las autoridades se equipara a una violación de la ética profesional y amenaza con graves consecuencias, que van desde el despido o el destierro de por vida de la profesión hasta procesos penales. A menudo, los periodistas son perseguidos con pretextos totalmente inverosímiles o inventados, como "vínculos con las autoridades rusas", simplemente por intentar transmitir a la audiencia una información equilibrada. Además, Washington ejerce cada vez más presión sobre los medios de los países socios, obligándoles a imponer una censura aún más estricta (incluso coordinando las noticias importantes con los funcionarios de la embajada estadounidense).

Como ha demostrado la experiencia de la operación militar especial de Rusia para desnazificar y desmilitarizar Ucrania, los gigantes digitales estadounidenses censuran cualquier información, incluidas las declaraciones de políticos y jefes de Estado actuales, que consideren "indeseable". Todo esto ocurre por recomendación directa o con el consentimiento tácito de las autoridades. En particular, las plataformas de Internet occidentales bloquean fanáticamente las fuentes de información rusas, incluidos los medios y las cuentas de organismos estatales en plataformas de streaming y redes sociales.

Según el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación ruso, solo en el primer mes desde el inicio de la operación militar especial se han observado más de 80 casos de restricciones oficialmente confirmadas relacionadas con la censura de periodistas, personalidades y organizaciones políticas y públicas rusas, así como de programas particulares por parte de plataformas extranjeras (36 en YouTube, 18 en Facebook, 13 en Instagram y 9 en Twitter). Se registran incidentes relacionados con el etiquetado de información publicada como no fiable, el etiquetado de control estatal, la exclusión de la lista de recomendaciones y la restricción del acceso a la descarga de aplicaciones de medios rusos.

Cabe señalar que, al mismo tiempo, varios medios estadounidenses que emiten a escala internacional -Voz de América, Radio Free Europe/Radio Liberty y Present Time- están financiados de manera bastante oficial por Estados Unidos, ya que forman parte de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, que no oculta el hecho de que sus actividades están "dirigidas a regiones estratégicas clave para la política exterior estadounidense", es decir, están controladas de manera inequívoca por intereses estatales.

La restricción del acceso a la información para su propia población no siempre adopta la forma de una prohibición directa, sino que mucho más a menudo en Estados Unidos se pueden observar ejemplos de censura oculta. Por ejemplo, con el inicio de la operación militar especial, varios periodistas y agencias de noticias estadounidenses dejaron de trabajar en Rusia. El pretexto oficial fue la adopción de una ley sobre la responsabilidad por desacreditar a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Sin embargo, la Bloomberg News suspendió la "recopilación de noticias en Rusia", es decir, la recopilación de hechos sobre el terreno; las CBS y ABC dejaron de emitir desde Rusia, o sea, también cesaron su trabajo sobre el terreno. De hecho, con esta decisión se cortó un canal directo de comunicación entre el público estadounidense y el ruso, privando a los ciudadanos estadounidenses de recibir información alternativa a la difundida por el gobierno de ese país.

Cabe destacar que las organizaciones dedicadas a proteger los derechos de los reporteros y promover la libertad de expresión discrepan sobre la cuestión de la seguridad de los periodistas en el entorno mediático estadounidense. Por ejemplo, según los datos de 2019 de la ONG Comité para la Protección de los Periodistas, 30 representantes de la prensa estadounidense han sido procesados acusados de difundir "información falsa o de mala fe" [1250]. El Departamento de Justicia estadounidense ha iniciado investigaciones sobre las actividades de representantes de The Washington Post, The New York Times y la cadena de televisión CNN.

Al mismo tiempo, una organización de derechos humanos leal a Washington, Freedom House, en su informe anual sobre la libertad de prensa en el mundo, clasificó a Estados Unidos como uno de los países que ofrecen una protección de alto nivel de la libertad de expresión. Las organizaciones europeas que vigilan la situación de la libertad de expresión en el mundo adoptan una postura similar. Así, según la ONG Reporteros sin Fronteras, en 2020 Estados Unidos mejoró sus resultados en el ranking anual, pasando al puesto 45 [1251]. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos no pueden pasar por alto una serie de problemas detectables en las comunidades profesionales de periodistas estadounidenses.

La misma organización señala que la realidad de la libertad de expresión en Estados Unidos da una impresión muy contradictoria. La Primera Enmienda a la Constitución estadounidense garantiza la libertad de expresión. Los neonazis y otros grupos que promueven ideologías extremistas y xenófobas se sienten bastante libres en Estados Unidos al amparo de esta norma. Al mismo tiempo, el nivel general de violación de los derechos de los periodistas ha aumentado en todo el país. Los representantes de los medios han sido objeto, la mayoría de las veces, de detenciones injustificadas e incluso de violencia.

Se recurre a la práctica de desacreditar su reputación, incluida la publicación en Internet de información comprometedora sobre empleados de agencias de noticias y publicaciones. Así, según la ONG U.S. Freedom Tracker, en 2019 se publicaron mensajes de este tipo en las cuentas oficiales de los dirigentes estadounidenses contra representantes del New York Times, la NBC y la CNN. En marzo de 2019, una filtración de información clasificada reveló que el Gobierno estadounidense mantiene supuestamente una base de datos cerrada que incluye a todos los periodistas que trabajan en Estados Unidos [1252].

Muchos estadounidenses critican su sistema electoral por arcaico y antidemocrático y sugieren que debería reformarse. Según una reciente encuesta del Pew Research Center (junio-julio de 2022), un 63% de los estadounidenses está a favor de ello. Sin embargo, un 35% apoya el actual orden de funcionamiento de la institución electoral [1253].

La opacidad de la legislación electoral plantea aún más interrogantes en el contexto de la campaña presidencial escandalosa y sin precedentes de 2020. La desconfianza mutua de los bandos enfrentados fue la causa de que Trump no reconociera la victoria de Biden, que hasta el día de hoy sigue siendo el jefe estadounidense ilegítimo para dos tercios de los partidarios de los conservadores. La culminación de la lucha por la Casa Blanca fue el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por los activistas de extrema derecha de Trump. Tras llegar al poder, la administración demócrata -utilizando los servicios de las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia- lanzó una campaña a gran escala para perseguir a los participantes en la "toma" del Parlamento, que fueron calificados de terroristas internos.

Solo el FBI ha presentado más de 2.000 cargos. Se han solicitado cientos de permisos para registrar y citar a sospechosos a través de los tribunales, y se ha detenido a unas 500 personas. Según informes de los medios, las personas detenidas han sido sometidas a torturas y presión psicológica. Mediante estos métodos, así como procesando a familiares y conocidos de los "terroristas", la investigación pretende obtener los testimonios necesarios.

Como se desprende del informe del Ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso para 2022 sobre los casos más resonantes de violaciones de los derechos humanos en algunos países del mundo, la persecución penal sin precedentes de los participantes en los sucesos del 6 de enero de 2021 en el territorio del Capitolio en Washington demuestra la persecución por motivos políticos de los opositores al gobierno actual. Más de 625 personas han sido acusadas de entrar o estar en un edificio federal o zona restringida. Más de 75 detenidos fueron acusados de entrar en una zona restringida con un arma peligrosa o mortal. Unas 45 personas fueron condenadas por destrucción de propiedad gubernamental y más de 30, por robo de propiedad gubernamental. Al menos 270 personas fueron acusadas de obstruir, influir e impedir -o intentar hacerlo- de forma corrupta los procedimientos oficiales.

45 acusados federales fueron juzgados y condenados por sus actividades delictivas, 19 de ellos fueron condenados a penas de prisión.

La opinión pública liberal intenta presentar a los estadounidenses que expresan puntos de vista alternativos como difusores de noticias falsas y teorías conspirativas. Se les despide de sus trabajos y se les convierte en parias. Están sometidos a acoso público y condenados al ostracismo en las redes sociales. Los gigantes de Internet han denegado el acceso a las cuentas en redes sociales de Trump y de miembros de su administración.

Los legisladores republicanos han calificado de "caza de brujas" la persecución de sus partidarios. Así, según el congresista Paul Gosar, "los estadounidenses respetuosos de la ley que apoyan a Trump se han convertido en víctimas de una persecución encubierta por parte de las agencias de inteligencia basada en mentiras y propaganda. El FBI registra descaradamente los hogares de veteranos y ciudadanos sin antecedentes penales. Restringe las libertades básicas de quienes nunca han sido acusados de un delito" [1254].  La situación de los registros realizados por el FBI en agosto de 2022 en la finca de Trump en Florida, que él mismo y sus partidarios describieron como una persecución política organizada por sus rivales, tuvo una amplia resonancia [1255].

En 2016, Arizona aprobó leyes que restringen la recogida de papeletas y la votación fuera de los colegios electorales. Esto creó importantes barreras al voto para los residentes de las comunidades nativas estadounidenses rurales. Aproximadamente el 90 % de los condados del estado asignan a los votantes a un distrito electoral concreto en función de su domicilio. Sin embargo, los límites tradicionales de las comunidades no suelen coincidir con los límites de los distritos electorales establecidos por el estado. En combinación con las comunidades situadas en zonas remotas con caminos de tierra que se vuelven intransitables durante las elecciones de noviembre, la falta de Internet, servicio celular y la falta de transporte, la nueva norma ha hecho que sea mucho más difícil para los residentes de las comunidades rurales acceder a los servicios públicos básicos. Al mismo tiempo, la decisión de penalizar la recogida de papeletas creó otro obstáculo para los votantes nativos que pudieran llevar una papeleta para amigos y familiares [1256].

El Comité Nacional Demócrata y los votantes acudieron a un tribunal federal en 2016 para anular las nuevas disposiciones de la ley. Alegaron que la prohibición de recoger papeletas era el resultado de una discriminación intencionada por parte de la legislatura estatal y una violación de la Constitución, que prohíbe a los estados denegar el derecho al voto por motivos de raza. Sin embargo, los votantes nativos no pudieron hacer valer sus derechos. El 1 de julio de 2021, el Tribunal Supremo de Estados Unidos hizo pública su decisión en el Caso Brnovich contra el Comité Nacional Demócrata, por la que confirmaba dos políticas electorales de Arizona.

Cabe señalar que la persecución de los disidentes estuvo muy extendida en Estados Unidos durante la Guerra Fría. Por aquel entonces, las autoridades luchaban activamente contra los partidarios de las ideas de izquierdas (por ejemplo, la infame campaña del macartismo). Ahora se está produciendo una nueva etapa de "caza de brujas" en Estados Unidos. Según los cálculos de las organizaciones internacionales de derechos humanos, hay unos 100 presos políticos en las cárceles estadounidenses, sin contar a los presos de Guantánamo [1257]. Son luchadores por la independencia de las Islas Vírgenes estadounidenses, activistas de movimientos que defienden la igualdad racial y los derechos de la población indígena, entre otros. Uno de los líderes del movimiento por los derechos civiles de los indígenas estadounidenses (American Indian Movement, AIM, por sus siglas en inglés), Leonard Peltier, ha estado encarcelado desde 1975 hasta la actualidad.

Los indígenas siguen siendo algunos de los ciudadanos estadounidenses más desfavorecidos socialmente.

Los medios de comunicación y los activistas de derechos humanos han puesto regularmente de relieve las pruebas de discriminación contra los indígenas. Según estimaciones de la ONG American Civil Liberties Union Montana, la tasa de alfabetización de la población aborigen sigue siendo una de las más bajas de todos los grupos étnicos que viven en Estados Unidos. Los niños de familias indígenas tienen más probabilidades de ser víctimas de discriminación en la educación. Los jóvenes de entre 15 y 24 años tienen tasas de suicidio comparables a las de los veteranos de combate [1258].

Varios expertos señalan que los pueblos nativos de Estados Unidos que viven en reservas se enfrentan a desigualdades socioeconómicas y a una marcada diferencia de ingresos. Más del 20% de los nativos de Alaska viven por debajo del umbral de la pobreza. Según varios expertos, los pueblos indígenas de Estados Unidos se enfrentan a la desigualdad socioeconómica y a una marcada diferencia de ingresos. Por ejemplo, más de una cuarta parte de ellos está por debajo del umbral oficial de pobreza y solo el 15% tiene un título universitario o superior [1259]. Estos índices conllevan las siguientes consecuencias sociales negativas: delincuencia, alcoholismo, alto desempleo (11,1% en enero de 2022) [1260] y suicidio (50,9 casos por cada 100.000 personas, cuatro veces la media nacional (o 700%)).

La legislación estadounidense actual contiene una serie de requisitos que en la práctica discriminan a los miembros de las comunidades indígenas. Algunos ejemplos son la falta de una dirección residencial para los indígenas que viven en reservas, lo que da lugar a que se les deniegue la inscripción en el censo electoral. Además, la distancia de los colegios electorales a los lugares de residencia de los indígenas también afecta al ejercicio de sus derechos electorales. Por este motivo, muchos pueblos nativos optan por no participar en las elecciones.

Las organizaciones de derechos humanos señalan la insuficiencia de las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses para tener en cuenta los intereses de los pueblos indígenas, y critican el carácter prolongado y el elevado coste de los procedimientos judiciales para que los representantes de esta comunidad hagan valer sus derechos. Se mencionan problemas para proteger los lugares sagrados de los pueblos indígenas de la profanación, así como la contaminación o la destrucción debidas a las industrias extractivas, el turismo o la eliminación de residuos tóxicos. El acceso de los pueblos indígenas a esos lugares también es un problema grave. Estas cuestiones han sido planteadas con preocupación por los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, en particular por el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

La denegación generalizada de los derechos de "categorías vulnerables" es una de las reclamaciones principales hechas por las organizaciones de derechos humanos contra Estados Unidos. Según la ONG Amnesty International, en 2019 la administración promovió la discriminación de mujeres y niños [1261].

La situación de los derechos de la mujer es criticada regularmente con bastante dureza. Los activistas de derechos humanos afirman que el actual sistema de atención sanitaria deja a muchas mujeres sin la posibilidad de obtener un seguro médico. Esto provoca un aumento de la mortalidad por enfermedades ginecológicas.

En 1973, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó sentencia en el Caso Roe contra Wade. Como resultado, se legalizó la interrupción inducida del embarazo. Sin embargo, la revisión de la determinación del tribunal se ha citado repetidamente como una prioridad para los jueces nombrados por la administración. En 2019, varios estados a la vez legislaron prohibiciones al aborto, incluyendo la necesidad médica para salvar la vida de la madre. Georgia, Ohio, Kentucky, Misisipi, Kentucky y Luisiana prohíben este tipo de intervenciones después de las seis semanas de embarazo (ley del latido del corazón). En mayo de 2019, Alabama promulgó una norma que tipificaba como delito (pena máxima: cadena perpetua) la participación de un médico en un aborto provocado. La ley abarca las situaciones de embarazo resultante de una violación, así como la necesidad de llevar a cabo un procedimiento abortivo por razones médicas.

En la primera mitad de 2019, en muchos estados, los activistas de derechos humanos registraron casos de presión administrativa sobre el personal médico especializado en abortos [1262]. Esto se refiere a la aplicación de estrictos requisitos sanitarios a los centros médicos autorizados para practicar abortos (tamaño de los locales, número de personal, etc.). Según la ONG Amnesty International, la tasa de mortalidad por procedimientos inadecuados entre las mujeres afroamericanas es estadísticamente un 75% superior a la de los miembros de la población blanca.

En agosto de 2019, el gobierno estadounidense decidió prohibir a los médicos financiados con fondos federales que proporcionaran a las mujeres toda la información posible sobre el curso del embarazo y las opciones para su gestión e interrupción [1263].

En general, Estados Unidos es uno de los principales países desarrollados en cuanto a muertes de mujeres por abortos clandestinos. Al mismo tiempo, según las encuestas sociológicas, cerca de tres cuartas partes de los ciudadanos están a favor de legislar el derecho a interrumpir un embarazo al menos por razones médicas y para salvar la vida de la mujer.

Washington continúa con su política de abolir las normativas nacionales destinadas a proteger y garantizar un medio ambiente favorable y la salud de la población del país.

No obstante, los periodistas que han informado críticamente sobre las actividades de los organismos gubernamentales responsables de la regulación medioambiental en Estados Unidos sufren acoso [1264].

En julio de 2019, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) decidió seguir utilizando calcopirita. Este pesticida se utiliza para aumentar el rendimiento de los cultivos y, según numerosos estudios, suele provocar retrasos en el desarrollo de los niños. La EPA también relajó la normativa vigente sobre cenizas volantes, un subproducto altamente tóxico de la minería del carbón que es la segunda fuente de contaminación en Estados Unidos. Esta norma legal ha provocado un aumento de la contaminación del agua y el aire hasta niveles peligrosos. También se ha observado un deterioro de la salud pública cerca de las instalaciones de la industria del carbón [1265].

En septiembre de 2019, el gobierno canceló importantes normativas relacionadas con los estándares de agua limpia [1266]. Estas normas definían los niveles permitidos de contaminantes y sustancias químicas en el agua. Ahora, los industriales solo dependen de la legislación local, lo que inevitablemente conduce a la degradación del medio ambiente y a restricciones significativas en los derechos de los ciudadanos a un medio ambiente saludable.

Las empresas transnacionales no solo interfieren en la labor de las autoridades estadounidenses, sino que imponen abiertamente sus propios intereses al país y a la sociedad. Según varios expertos, los altos dirigentes estadounidenses han caído bajo el control de los oligarcas en las últimas tres décadas. En el pasado, las empresas dependían de los grandes bancos controlados por el Estado, pero ahora las mayores empresas transnacionales movilizan independientemente el capital y los recursos estatales para sus propios fines. Las autoridades públicas reparten contratos y subvenciones sin ningún control público.

Los políticos estadounidenses se han caracterizado tradicionalmente por una gran dependencia de las mayores empresas. Esto se ve facilitado por la todavía confusa y poco transparente legislación en el ámbito de la financiación de las campañas electorales en Estados Unidos, que a menudo se convierten en una competición entre grupos de presión empresariales que promueven candidatos convenientes.

Entre los modernos oligarcas estadounidenses se encuentran sin duda los propietarios de los principales recursos de Internet, como Twitter, Facebook y YouTube. Cabe destacar que en vísperas de la campaña presidencial de 2020 bloquearon las cuentas de Trump y sus partidarios.

Las normas elementales de la libertad de expresión no se aplican a los medios sociales. Mientras tanto, su alcance es total. Las plataformas de comunicación más importantes están bajo el control político de la corrupta élite estadounidense.

Esta misma élite se siente cada vez más impune. Los escándalos con el hijo del Presidente estadounidense, Hunter Biden, en otra época habrían destruido la carrera de su padre: recibió cargos ficticios con enormes salarios, construyó esquemas de negocios con el apoyo de los círculos gobernantes de los países amigos de Washington (incluyendo Ucrania y Rumania). El uso de información privilegiada por parte de Paul Pelosi habría arruinado la carrera de su poderosa esposa, la presidenta de la Cámara de Representantes, así como la reputación de todo el partido. Los políticos estadounidenses se salen ahora con la suya porque se están destruyendo los principios morales y éticos que, al menos a nivel de declaraciones, han servido de base a la democracia estadounidense durante décadas.

El poder global incontrolado, la conquista de nuevos mercados y la falta de restricciones tras el colapso de la Unión Soviética han creado una sensación de permisividad entre la élite estadounidense. Se está extendiendo la práctica de utilizar no solo la fuerza militar, sino también instrumentos económicos y recursos de información como medios de fuerza.

A ojos de la comunidad internacional, estos planteamientos confieren a la concepción estadounidense de la democracia un carácter cada vez más emasculado y manipulador y contribuyen al descrédito de los principios y valores democráticos en general.