Declaración del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores en relación con la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre un proyecto de resolución punitiva contra Siria en virtud del Capítulo VII de la Carta de la ONU
El pasado 28 de febrero, se efectuó una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU en el curso de la cual Rusia y China vetaron el proyecto de resolución sobre la imposición de sanciones contra Siria en virtud del Capítulo VII de la Carta de la ONU propuesto por Gran Bretaña, Francia y EEUU. Bolivia votó en contra del proyecto también, mientras que Egipto, Kazajstán y Etiopía se abstuvieron.
El proyecto del anunciado documento franco-británico fue basado en el tercer y cuarto informes del Mecanismo Conjunto de la ONU y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) para la investigación del presunto empleo de armas químicas en Siria (MCI) en los que se supone que en tres casos el responsable por emplear en 2014 y 2015 el cloro contra la población civil fue el Ejército sirio y en un caso el responsable por el empleo de la iperita fue el Estado Islámico.
Están bien conocidas las valoraciones escépticas en relación con las conclusiones hechas por los expertos del MCI que no sólo Rusia comparte. Desde el punto de vista jurídico, estos documentos no contienen hechos probatorios en base a los que se podría presentar cualesquiera acusaciones no sólo contra el Damasco oficial sino también contra el Estado Islámico. Además, las sustancias tóxicas se emplean con frecuencia en Siria por el Frente al Nusra, así como por numerosos grupos de la oposición armada de Siria con fines provocativos, entre otras cosas: para desacreditar a las Fuerzas Armadas y las autoridades de este país.
La posesión de armas químicas por las organizaciones terroristas en Siria e Irak no es un secreto desde hace mucho. Así las cosas, los representantes de la coalición antiterrorista encabezada por EEUU informan de modo regular sobre la eliminación de laboratorios químicos de los militantes en Irak. En diciembre de 2016, Damasco entregó a los expertos de la OPAQ las muestras y otros testimonios materiales encontrados por los militares rusos en la provincia de Alepo en relación con el atentado terrorista perpetrado allí el pasado 16 de septiembre con el empleo de la sustancia tóxica de uso militar – la iperita. Con la ayuda de los socios italianos, se transportó estas muestras en enero pasado a la sede de la OPAQ en la Haya donde se lleva a cabo su análisis.
No dudamos que varios países occidentales consideran que la misión del MCI es encontrar una posibilidad de echar la responsabilidad por el empleo de armas químicas sobre el Gobierno del presidente sirio, Bashar Asad, y de ese modo abrir camino hacia el cambio del poder en Damasco. Hace un año, lo declararon abiertamente en Nueva York varios de los cinco miembros permanentes de la ONU. Mientras, Rusia dio el visto bueno para prolongar el trabajo del MCI para un año más, porque estaba segura de que el empleo de armas químicas en esta región intranquila es una tendencia muy peligrosa que amenaza con salir fuera de Oriente Próximo. Partimos de que el Mecanismo actuará de modo imparcial y no se basará en las suposiciones, conjeturas, noticias falsas y fabricadas abiertamente por la oposición siria con la ayuda desde el exterior sino sólo en los hechos fidedignos.
Esperamos que, según la resolución 2319 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2016 sobre la prolongación de la misión del MCI, la actividad del Mecanismo se extienda también a los Estados limítrofes con Siria y al mismo tiempo sea dirigida también contra el terrorismo. Hay mucho que investigar, incluso dando a Damasco la posibilidad, conforme a sus compromisos a tenor con el Artículo VII de la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas (CPAQ), de llevar hasta el fin lógico la investigación nacional relacionada con la comprobación omnímoda de los hechos presentados en los informes del MCI.
El 11 de noviembre de 2016, varios países miembros de la CPAQ lograron hacer aprobar una decisión del Consejo Ejecutivo de la OPAQ sobre la imposición de sanciones contra Siria por votación en vez de un acuerdo unánime de esta organización. El pasado 12 de enero, Washington impuso nuevas sanciones unilaterales contra Damasco. A juzgar por todo, no quedó satisfecho con esto. Se emprendió un intento de “implantar” estas medidas punitivas en el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Para Rusia y para otros países que valoran objetivamente la situación con el empleo de las armas químicas en Siria e Irak es absolutamente inaceptable la propia concepción del documento presentado por tres países occidentales que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. El proyecto de resolución es de carácter desequilibrado y unilateral. La lista de personas físicas y jurídicas de Siria contra las que se propone imponer sanciones no está basada en algunos hechos en los informes del MCI y es absolutamente arbitraria.
No cabe duda de que tales iniciativas en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU y la OPAQ son capaces de tener una influencia muy negativa en las perspectivas del arreglo político en Siria las negociaciones de lo que se renovaron el pasado 23 de febrero en Ginebra. Son afectados también los esfuerzos dirigidos a establecer el diálogo entre las partes del conflicto sirio que empezaron a emprenderse de modo eficaz en Astaná.
La parte rusa citó todos estos argumentos en el curso de las consultas sobre el proyecto de resolución durante los últimos meses. A pesar de esto, los tres países occidentales aplicaron conscientemente y con fines abiertamente provocativos la política escisionista en el Consejo de Seguridad de la ONU y presentaron el proyecto, sabiendo de antemano que es inaceptable para Rusia (y no sólo para este país) y será vetado. Los coautores del documento eludían de todos los modos de encontrar fórmulas de compromiso. Es evidente que su objetivo no consistía en buscar decisiones eficaces y mutuamente aceptables sino en polarizar los enfoques y agudizar la situación.
Agradecemos a otros Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que, entendiendo que tales acciones son impropias e inoportunas y valorando correctamente la importancia excepcional de las amenazas del terrorismo provenientes de esta región, consideraron necesario pronunciarse en contra o no aprobar esta iniciativa dañina.
La lucha contra el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas en Siria debe ser hoy de la importancia primordial para todos. Cualesquiera sanciones unilaterales o multilaterales contra Damasco tan sólo debilitarán el frente antiterrorista internacional.