Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia
El 16 de noviembre, el presidente de la Federación de Rusia firmó la disposición “Sobre la intención de Rusia de no formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”. La respectiva notificación se entregará próximamente al depositario.
Rusia aboga consecuentemente por enjuiciar a los responsables de los crímenes más graves a nivel internacional. Nuestro país estuvo en los orígenes de la constitución de Tribunales de Núremberg y Tokio, participó en la elaboración de los documentos fundamentales para luchar con tales crímenes graves a nivel internacional como el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes militares. Por estas causas principales Rusia votó por aprobar el Estatuto de Roma y lo firmó el 13 de septiembre de 2000.
Con la Corte Penal Internacional (CPI), la primera institución permanente de la justicia penal internacional, fueron estrechamente vinculadas las esperanzas de la comunidad internacional en el ámbito de la lucha contra la impunidad en el contexto de esfuerzos comunes dirigidos a mantener la paz y seguridad internacional, arreglar conflictos existentes y prevenir nuevos focos de tensión.
Lamentablemente la Corte no llegó a colmar las expectativas y ni se convirtió en un organismo independiente de la justicia internacional que goce de respeto. En varios foros, incluida la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, se destacó que la actividad de la Corte es ineficaz y sesgada en el marco de los casos que investiga. Es demostrativo el hecho que, durante 14 años de su funcionamiento, la CPI dictó sólo cuatro sentencias gastando más de mil millones de dólares.
En vista a eso, se puede entender la diligencia de la Unión Africana que tomó la decisión de elaborar medidas para que los Estados del continente africano abandonen de modo coordinado el Estatuto de Roma. Varios países participantes ya llevan a cabo tales procedimientos.
Rusia está preocupada también por las acciones de la CPI acerca del conflicto en Georgia de 2008. El ataque del régimen de Mijaíl Saakashvili (expresidente georgiano) contra la ciudad pacífica de Tsjinval y el asesinato de efectivos de la fuerza de paz rusa generó acusaciones lanzadas por la CPI contra las milicias surosetas y los militares rusos. La investigación eventual de acciones y órdenes de los altos cargos de Georgia se entregó a las autoridades judiciales de Georgia y está fuera de la atención de la fiscalía de la CPI. Este desarrollo de los acontecimientos es demostrativo de por sí. En esta coyuntura difícilmente se puede hablar de confianza en la Corte Penal Internacional.
La decisión tomada por Rusia de no formar parte del Estatuto de la CPI, es decir, revocar la firma puesta debajo de este documento, conlleva las consecuencias jurídicas estipuladas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Internacionales de 1969.
